Temas Cotidianos

 

Por Félix J. López Romero

 

Ponerles freno

 

Ante los abusos cometidos por padres de familia, así como estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el gobierno tiene la obligación de detener a toda aquella persona, que al amparo que lo que ocurrió en Iguala en septiembre del año antepasado, en donde varias personas perdieron la vida en un zafarrancho, en tanto 43 jóvenes de esa institución continúan desaparecidos, se apoderen de camiones de pasajeros, así como de otra naturaleza, en revancha de lo sucedido.

Lo más grave de todo esto es que las autoridades, en lugar de detener a los autores de los ilícitos, solo son espectadoras dejando que los rijosos hagan lo que les viene en gana, porque nadie les impidió se apoderaran de los vehículos, ya que si bien la policía hizo acto de presencia en Tierras Prietas, lugar del vandálico atraco, nada hizo para impedirlo concretándose únicamente, observar el secuestro de las unidades, en tanto a los pasajeros los hicieron descender, mientras sus verdugos emprendían el viaje al plantel de Ayotzinapa, lugar en donde tienen guardadas muchas unidades más, todas ellas producto de sus atracos.

Si repetidamente se dice desde el gobierno, que se vive dentro de un estado de derecho, esas son meras palabras porque la realidad es diferente, ya que padres y estudiantes se han apoderado de numerosos camiones, sin que hasta ahora se conozca haya detenidos por esas prácticas delictivas. Hasta el momento no se conoce que ningún nivel de gobierno, se atreva a detener a quienes asuelan a la sociedad, los que al parecer gozan de impunidad.

Mientras los atracos no tengan el castigo respectivo, se continuará viviendo en la anarquía como hasta ahora ocurre, porque en lugar de castigar a delincuentes, todo hace mirar tienen la protección oficial.

 

En un doloroso flagelo

 

La desatención tenida desde siempre por las autoridades federales, originó con el correr de los años vivir en una entidad, en donde la pobreza es una de sus características, contrasta con los centros turísticos, a los cuales se les han prodigado atenciones múltiples.

Con el correr del tiempo esa desigualdad social, se ha reflejado de manera diáfana, porque los estados ricos se han vuelto más, en tanto los pobres continúan en la marginación que siempre los ha caracterizado, sin que pueda advertirse algún cambio que los saque de sus históricos rezagos.

Hace algunos días los estudiosos de los programas sociales, Nahela Becerril Albarrán y Jaime Javier Aguirre Martínez, dieron a conocer un trabajo hecho en común para el grupo OXFAM-México, en el que señalan la desigualdad social guerrerense, poniendo como ejemplo el fracaso en el combate a la pobreza, la que ha pretendido ser aminorada con programas de escaso impacto, como el de repartir desayunos y comidas gratis, a través de un programa al que le dieron el impactante nombre Sin Hambre, el que solo atiende a un escaso número de población indígena.

Ambos investigadores coincidieron en señalar, que los programas en contra la pobreza, se utilizan para manipular a la población con fines políticos, porque se desconoce se ayude al indígena, por ejemplo, al cultivo de la tierra la que le producirá lo que necesiten para una buena alimentación.

Ante el fracaso advertido en el combate a la pobreza, se hace necesario que los propios beneficiarios, obtengan de la tierra la comida que habrán de llevar a sus mesas. El combate a la pobreza dará el resultado que se requiere; quienes van a resultar beneficiados deben colaborar para tener mejores días, sin esperar una ayuda condicionada electoralmente.

 

Espada del desafuero

 

Sobre las cabezas de los alcaldes Constantino García Cisneros, de Cuajinicuilapa, y Adolfo Torres Catalán, de Arcelia, pende la espada del desafuero por no pagar laudos laborales que sus ayuntamientos perdieron, luego que la suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió no ampararlos urgiéndolos el pago respectivo Como estos dos casos hay muchos más, en donde diversos ayuntamientos habrán de pagar, en 1,800 y 2,000 millones de pesos, alta suma que dicen no tener.

Estos laudos se vienen arrastrando de años atrás; la mayor parte de ellos tienen como origen el despido de empleados, quienes fueron dados de baja, sin otorgarles las prestaciones económicas a las que tenían derecho, para poner en su lugar a amigos y recomendados.

Si se es honesto los alcaldes con amago de despido, no son responsables de lo que pudiera ocurrirles, toda vez que tomaron posesión de sus cargos en el mes de septiembre del año pasado, por lo cual podrían pagar culpas ajenas. Quienes están amenazados con el desafuero, se han puesto en manos de litigantes, quienes los defenderán de los cargos que podrían conducirlos al cese.

Los presidentes municipales actúan incorrectamente, cuando conocen la limitación del presupuesto de egresos que manejan. Contratar más personal al que realmente se necesita, ha traído como consecuencia la tensa situación que viven, porque no existe el dinero para saldar los compromisos pendientes.

 

Pobreza como una arma

 

Desde el inicio de la humanidad la pobreza y la riqueza siempre han ido de la  mano; es verdad inobjetable que la primera es amplísima, en tanto la otra son pocos los que disfrutan de ella, lo que hace mirar un lastimoso contraste.

No hace mucho tiempo que empleados jubilados y pensionados, así como quienes padecen discapacidades diversas, se han apoderado de las calles exigiéndole al gobierno más dinero, porque el que se les entrega lo miran escaso, ante muchas de sus necesidades.

Las protestas callejeras que se han estado llevando a cabo, no tienen ninguna razón de ser, porque quienes fueron servidores públicos están protegidos por la ley, la que determinó cual sería el monto recibido. En el caso de los discapacitados físicamente, existen instituciones oficiales encargadas de su atención.

En esta ocasión los bloqueadores de calles, se entrevistaron con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, para solicitarle intervenga para que les sean mejorados los montos, del dinero que reciben por parte del gobierno estatal.

La pobreza no debe llevar consigo, exigencias para recibir más, porque daría origen a desatender otros problemas, que por falta de dinero no pueden ser resueltos. Guerrero está necesitado de muchas cosas, para abatir carencias y rezagos que tiene; darle dinero a todo el que se dice pobre, solo conducirá no puedan realizarse las obras que la mayor parte de la gente reclama y exige.