Isidro Bautista
Un asunto trascendente de la reforma educativa promovida en este sexenio es la evaluación del desempeño profesional de los docentes.
Sin duda alguna, el “hecho educativo” se traduce en tres etapas precisas que conllevan al logro de aprendizajes que transforman progresivamente al ser humano, y que la esencia u omisión de una, impide que la armonía formativa se interrumpa.
La planeación, ejecución y evaluación son fenómenos complementarios e indisolubles en toda acción educativa.
La impresión que causa alerta, temor e incertidumbre es de que los primeros anuncios que hizo la Secretaría de Educación en torno a la evaluación fue única, pues en ningún momento se habló de la concepción de un todo, en donde mínimo se pudieron haber notado las partes fundamentales de los grandes contenidos de la planeación educativa, los asuntos de metodología y logro de aprendizajes, así como los factores elementales de ese proceso.
Da la impresión que nuestros “técnicos” y “planeadores” consideraron inicialmente conocer la calidad y destreza de quien ejerce la enseñanza (los maestros) sin tener los contenidos completos y formales en cada una de las etapas de lo que significa una reforma educativa integral.
Se inició la reforma con la evaluación, ante una inesperada confrontación con miles de maestros, aunque muchos de ellos anquilosados o cargados de viejos vicios, los prohijó el sistema ante la actitud de opacidad de autoridades y gobernantes pusilánimes, que nunca repararon en aplicar con firmeza y energía la conducción de la delicada tarea que significa la educación.
La evaluación, sin duda, es factor determinante para ejercer con alto sentido de compromiso la tarea de que niños y jóvenes tengan un mejor destino, y que el país aspire a un mejor nivel de vida. La calidad técnico-pedagógica del maestro debe ser garantía de una verdadera calidad educativa.
Hasta el momento se da la impresión de que existen posturas irreductibles, y la controversia se ha ido acentuando, colocándose en la ruta peligrosa que amenaza aún más el ya de por sí deteriorado tejido social.
Guerrero es una entidad en la que no se puede dar el lujo de trastocar la endeble estructura social, y el llamado que ha hecho recientemente el gobernador Héctor Astudillo Flores a los maestros declarados disidentes de la reforma es para convocarlos a un diálogo dentro de un clima de orden y de respeto, que permita encontrar las mejores coincidencias, y pueda ser el interlocutor más eficaz ante el secretario de Educación Pública.
Es cierto que todo lo que está mandatado por la ley debe observarse con singular respeto, pero un gobernante consciente de lo que implica la conducción de sus gobernados pone todo su empeño para encontrar las salidas más satisfactorias.
Si la evaluación se diera en tres oportunidades, bien debería considerarse que la primera pudiera no haberse cumplido, por el mar de confusiones que se die en esos momentos.
La segunda, con la consideración consiguiente, y si se diera la tercera, pues habría que ver las opciones se les ofrece, pero que se les dé certeza y claridad para eliminar dudas e incertidumbres de que la familia del maestro pudiera quedar desamparada y sin expectativas de futuro.
Es plausible la acción del gobernante que inspira sus actos en un alto sentido humano.
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