Temas Cotidianos
Por Félix J. López Romero
Habrá menos dinero
A los diversos y múltiples problemas por los que está pasando la administración pública estatal, deberán sumarse recortes al presupuesto de parte de la federación, la cual en el curso del primer trimestre del presente año, efectuó descuentos por 600 millones de pesos, lo que empezó a ocasionar el congelamiento de plazas, así como un sensible recorte de personal de confianza, según lo advirtió el secretario de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, quien comento que con el alto recorte que empezó a aplicarse, se vivirá una severa contingencia financiera, porque siempre ha sido la federación la que mayor contribuye para el gasto público.
El recorte anunciado no solo perjudicará a la alta burocracia, la cual tendrá que apretarse el cinturón, porque es ella la que devenga altos salarios, los cuales les serán reducidos por la contingencia expuesta. Lo que no explicó el secretario Apreza, es si tan alto recorte perjudicará otros renglones cuya atención es prioritaria, como son los casos de construcción de carreteras, introducción de agua potable, construcción de centros hospitalarios, edificios escolares y otros, los que se requieren para atener los renglones a los que van destinados.
Aquí se desea una burocracia, con salarios acordes a las tareas que desempeñan; también las compensaciones que reciben, las cuales son en la mayor parte de los casos, más elevadas que el salario nominal.
Cuando de las altas esferas económicas del gobierno federal, dicen que la economía del país es sólida, debe tomarse con la reserva del caso, porque Pemex que fue la industria más pujante del país, tiene enorme deudas por saldar, porque la caída en el precio del petróleo ha lastimado gravemente sus ingresos.
Señalamientos sin pruebas
Continúa siendo práctica común que funcionarios que llegan al desempeño de un cargo, lo primero que hacen es enlodarle la cara a quienes substituyen, como si eso les abonara un reconocimiento en su tarea.
Desde el mismo momento que Rogelio Ortega Martínez, entregó las riendas de la administración pública a Héctor Astudillo Flores, le han llovido críticas las que van desde haber dispuesto para sí muchos millones de pesos, hasta otorgar permisos de concesión, para explotar líneas urbanas y rurales del servicio público. En ninguno de los dos casos sus difamadores han mostrado pruebas que así lo hagan saber.
Sobre este problema ha opinado el actual director del Transporte Público Estatal, Miguel Ángel Piña Garibay, quien aseguró que en la administración que encabezó Ortega Martínez, entregó decenas de permisos irregulares, reservándose los nombres de los beneficiados si tal fue el caso.
Un gobernador es la máxima autoridad política en una entidad; si en realidad entregó los permisos que dicen son irregulares, legalmente no lo son porque tuvo facultades para hacerlo. Por lo que se advierte Piña Garibay desconoce la ley del autotransporte, porque si supiera su contenido no hubiera dicho los exabruptos dichos.
Con sus desatinados comentarios, el director del autotransporte pretendió quedar bien con el gobernador, aun cuando el tiro le salió por la culata, porque hasta para congraciarse con su jefe, debió ser más inteligente y menos salamero de lo que pretendió ser.
Desvio de canales
Se está volviendo práctica común, la cual debe ser cancelada por las autoridades, que organizaciones diversas ganen las calles para denunciar la falta de pago de pensiones, tratándose de personas de la tercera edad, o bien porque recibieron la visita de amigos de lo ajeno, quienes prácticamente los desvalijaron de computadoras recién adquiridas, o bien otros aparatos eléctricos, los que utilizaban para diversos usos.
Al principio de la semana que está corriendo, profesores, alumnos y padres de familia de la escuela primaria “18 de Marzo”, ubicada en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, salieron a la vía pública, para denunciar que en el curso de las vacaciones de Semana Santa, un grupo de ladrones se introdujeron al plantel escolar, cargando con aparatos eléctricos como se ha dicho, así como diversas cosas más.
En lugar de denunciar lo ocurrido ante el Ministerio Público, se les hizo más fácil hacer su denuncia pública, la que aprovecharon para pedir la colaboración económica de la población. Si se quiere conocer y detener a los autores de los hurtos, su denuncia debieron hacerla ante el MP, que comisionaría a un grupo de sus sabuesos, para conocer el destino final de lo robado.
La gente en un acto de buena fe, colaboró con lo que pudo para la substitución de lo robado; mientras no se tenga confianza en las autoridades, hechos como el denunciado podrían repetirse, porque lo han realizado ante quienes están imposibilitados legalmente para investigar sucesos delictivos. Acudir a las instancias correspondientes es lo correcto, por tener la obligación de apresar y encarcelar a transgresores de la ley.