Jesús Saavedra
El Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejército Mexicano no destruir los documentos relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, al conceder la suspensión provisional en un juicio de amparo promovido por los padres y las madres de los estudiantes normalistas.
El pasado 15 de agosto, padres y madres de los 43 interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por considerar que han incumplido el decreto presidencial de 4 de diciembre de 2018, mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, violando con ello el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad en su conjunto.
En su demanda, las familias de los jóvenes desaparecidos argumentan que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron pleno conocimiento de que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Los padres de los 43 señalaron que “de este ocultamiento, que abiertamente desacata las instrucciones conferidas vía decreto por el Presidente de la República”, los responsables serían “el Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros”.
Destacan que en su acción legal, que “han pedido como medida cautelar que dentro de la suspensión el Poder Judicial ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”.
Señalan que esa demanda “fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde ya se tramita el juicio de amparo indirecto respectivo con el número de expediente 1350/2023”.
“En cuanto a la suspensión provisional, inicialmente este órgano jurisdiccional de primera instancia negó lo solicitado por las familias. No obstante, éstas en tanto victimas indirectas presentaron recurso de queja y el día 1 de septiembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución de este recurso, sustanciado en el expediente 353/2023, concediendo a las familias la suspensión que habían solicitado”, explican.
Agregan que el referido Tribunal Colegiado consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales “y ordenó a las autoridades militares abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda”.
Añaden que a casi nueve años de los hechos, el caso Ayotzinapa “permanece irresuelto, y aunque hay algunos avances de proceso, el último informe del GIEl y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018”.
Manifiestan que las madres y padres “continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso, al tiempo que seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEl como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década. En este sentido, se seguirá informando a la sociedad sobre los avances que se alcancen en estos nuevos procesos”.