- La conversación entre quienes habrían desaparecido a los normalistas, dada a conocer el viernes pasado, confirma que militares tuvieron información en tiempo real sobre lo que ocurría la noche del 26 de septiembre de 2014, señalan
Jesús Saavedra
Madres y Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre del 2014, reprocharon al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que el Ejército haya difundido información reservada del caso, que a ellos les habían ocultado, porque filtraciones como esas sólo los revictimizan.
El sábado, el Comité de Madres y Padres emitió un comunicado en el que recuerdan que a siete años de los hechos de violencia en los que desaparecieron los estudiantes, “seguimos en píe de lucha exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos”.
El viernes pasado, la Secretaría de Gobernación hizo pública información que tenía en su poder el ejército sobre las conversaciones interceptadas el 26 de septiembre entre el director de Seguridad Pública municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’; y en octubre de 2014 entre un policía de Huitzuco y Alejandro Palacios, alias ‘Cholo Palacios’, “en las que se da cuenta que nuestros hijos habrían sido entregados por la policía municipal de Iguala a miembros del grupo delictivo ‘Guerrero Unidos’ quienes los privaron de la vida”.
En ese sentido, expresaron su preocupación “por la publicación de información sensible de la investigación que puede comprometer su éxito, aunado a que los familiares ni los representantes se les permitió el acceder a la misma previo a su publicación, y tampoco a las cinco madres y padres que conforman la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ) se les consultó sobre tal proceder”.
Subrayan que el Ejército “tenía información en tiempo real de lo que estaba aconteciendo y no lo informó a las autoridades ni tomó medidas para prevenir la desaparición de los jóvenes, de igual forma desde el año 2018, a la luz de las obligaciones que tenía por el decreto presidencial que creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia, omitió dar esta información a las autoridades que investigan el caso”.
Agregan que esas “circunstancias fortalecen nuestra demanda de abrir una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano para deslindar su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de nuestros hijos”.
Afirman que “el Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer plenamente los hechos y ofrecernos verdad y justicia; seguirnos entregando retazos de información, solo nos lastima y revictimiza”.