Lamentan que el gobierno sea omiso ante la violencia en manifestaciones.— Declaran emergencia en 23 municipios del estado por daños de ‘Narda’.— Reclama el PRI programas productivos para el campo, no sólo asistenciales
Enrique Vargas
La principal y primera obligación de todo gobierno es ofrecer y garantizar seguridad a la población y evitar las acciones violentas que causen daños y alteren la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía, para lo cual existen cuerpos especializados como las policías de los diferentes órdenes de gobierno, por lo que es incorrecto pretender que los propios habitantes de la ciudad o los empleados gubernamentales se hagan cargo de garantizar que no haya daños ni agresiones de los manifestantes violentos.
Es muy evidente que la mayor deficiencia del actual gobierno federal y el de la Ciudad de México, es la que se refiere a la seguridad pública en todos sus niveles, porque a nivel nacional la cifra de homicidios dolosos se ha incrementado peligrosamente, sin que se advierta que se esté trabajando en algún proyecto de seguridad pública que permita reducir los niveles escandalosos que se registran en la actualidad.
Ese es el sector extremo, pero ahora ni siquiera se contiene a los grupos violentos que aprovechan las manifestaciones pacíficas y legítimas, para provocar desorden, violencia y destrucción de bienes públicos y privados.
En las manifestaciones recientes, del 26 de septiembre, por la desaparición de los 43 normalistas, y la del miércoles 2 de octubre, en la conmemoración del 51 aniversario de la masacre estudiantil en Plaza de las Tres Culturas, al margen de los manifestantes pacíficos se presentaron grupos de encapuchados violentos que agredieron a la policía y causaron destrozos en numerosas construcciones, negocios y otras propiedades.
Sin embargo, el gobierno federal y el de la CDMX no hicieron casi nada para contenerlos, y en el caso del gobierno capitalino llevó a empleados a formar cercos de seguridad, tarea que no les corresponde cumplir, además de exponerlos a ser víctimas de los vándalos que se manifestaron violentamente.
La Coparmex de la Ciudad de México manifestó claramente que aunque se intentó evitar el vandalismo, “dichas medidas fueron insuficientes”.
Reclaman que debe actuarse contra los “provocadores profesionales”, ya que los hechos delictivos están a la vista de todos, por lo que “esperamos que se procesen conforme a la ley”.
Es decir, si no actuaron para impedirlos, cuando menos no debe permitirse también la impunidad.
El senador panista Julen Rementería criticó la indolencia presidencial, pero dijo que eso se entiende porque AMLO “no tiene calidad moral para condenar los actos”, porque esos sujetos “sólo siguen sus pasos, sus costumbres y sus manías”.
Agregó el legislador que hay que recordar que AMLO “durante toda su vida armó plantones y tomó pozos petroleros generando pérdidas incalculables”.
Otro panista, Diego Fernández de Cevallos lamentó la claudicación del Estado frente a su responsabilidad de disponer de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad durante la marcha del dos de octubre.
Reprobó también que se haya utilizado a los burócratas para tareas de alta peligrosidad como el llamado “Cinturón de paz”, porque quedaron expuestos a sufrir agresiones y resultar heridos.
DECLARAN EMERGENCIA EN 23 MUNICIPIOS DEL ESTADO POR DAÑOS DE ‘NARDA’.— Un total de 23 municipios de Guerrero quedaron incluidos en la declaratoria de emergencia por los daños que sufrieron por el paso de la tormenta tropical ‘Narda’.
El mandatario estatal, Héctor Astudillo firmó desde el lunes la solicitud de declaratoria de emergencia para 30 municipios, a fin de que puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y reforzar la entrega de apoyos para quienes resultaron afectados por la acción destructiva del fenómeno meteorológico.
Entre los que quedaron en esa lista y que por eso tendrán ayuda especial están Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Tixtla y otros ubicados en las costas del estado, un total de 23, aunque se pidió ayuda para 30.
RECLAMA EL PRI PROGRAMAS PRODUCTIVOS PARA EL CAMPO, NO SÓLO ASISTENCIALES.— Un dato muy importante aportó Esteban Albarrán Mendoza, dirigente del PRI estatal, quien hizo notar que en el campo mexicano vive y trabaja el 25 por ciento de la población nacional, y sin embargo sólo recibe el 5.4 por ciento del presupuesto de la federación y eso provoca que sea ahí donde se concentran los mexicanos “más pobres de los pobres”.
Planteó la necesidad de que se aumenten los programas sociales que llegan a ese sector del país, pero que mayormente deben enfocarse a los programas productivos, aunque son necesarios los programas asistenciales que ayudan a superar las condiciones de pobreza y marginación.
Por eso rechazó el dirigente del partido tricolor que se haya impuesto una reducción grave al presupuesto que se destina al campo a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que de 65 mil 434 millones que tenía hasta este año, lo reduce el nuevo gobierno a 46 mil 253 millones de pesos, lo que representa una baja de casi el 30 por ciento.
Resulta incomprensible que el gobierno de AMLO castigue al campo y a las familias campesinas de una manera tan radical, porque eso atenta contra la producción de alimentos de todo tipo, lo que necesariamente va en contra de lo que había ofrecido López Obrador, de que se buscaría la autosuficiencia alimentaria, pues ahora actúa en sentido contrario.
Los campesinos son un sector muy importante en México y no es justo ni prudente que se atente contra su estabilidad económica, porque se les obliga a permanecer en la pobreza y la pobreza extrema, y eso pone en riesgo la estabilidad y la tranquilidad del campo mexicano.
Lo peor es que el gobierno federal toma esas decisiones absurdas sólo para disponer de más recursos para sus proyectos de compra anticipada de votos, que le permitan manipular la respuesta de los grupos mayoritarios que dependen de la entrega de dinero en efectivo de parte del gobierno del Peje.
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