El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa (Ueilca), Mauricio Pazarán Álvarez reveló que la Funeraria “El Ángel” de Iguala se ha establecido como una nueva línea de investigación porque formaba parte de un centro de operación clandestino del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).
En el informe del caso Ayotzinapa indicó que se hizo un nuevo análisis de los registros telefónicos en 2014 y 2015 posterior a la desaparición de los normalistas que les permitió “identificar patrones que no habían sido explorados en investigaciones anteriores, detectando a 17 personas que no habían sido identificadas y que hoy son sujetas de investigación, reconstruyendo vínculos entre ellas durante las horas críticas de la desaparición”.
Ese análisis llevó a una conexión telefónica en la noche del 26 y madrugada del 27 entre operadores de GU y Rodolfo Rueda Sebastián propietario de la funeraria “El Ángel” y “Funerales Económicos Rueda”, quien también en esas horas se comunicó con Irving Arroyo Aranda y sicarios de ese grupo criminal.
Destacó que Rueda Sebastián y su familia “son propietarios de las funerarias investigadas y aseguradas, pero también son concesionarios del Servicio Médico Forense, que es la institución que certifica las causas de muerte y da las autorizaciones para sepultar o incinerar a un cuerpo, además esta persona y su familia tenían una participación directa en la administración del panteón”.
Reveló que el 4 de octubre del 2014, Rodolfo Rueda Sebastián utilizó “el equipo telefónico del estudiante Julio César Mondragón Fontes”, cuyo cuerpo desollado y torturado fue abandonado en la colonia Zona Industrial de Iguala, “este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan a personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes”.
Recordó que en octubre del año pasado hicieron un cateo en la funeraria “El Ángel” en donde encontraron “irregularidades relevantes que permiten comprender la gravedad de esta investigación; dentro de la misma propiedad funcionaba el Semefo y de acuerdo con los elementos recabados, ese servicio también era operado y controlado por los propietarios de la funeraria”.
Que en el lugar encontraron “un resto óseo guardado en un cajón, un arma de fuego (pistola) de uso exclusivo de las fuerzas armadas, documentación relacionada con el nutriólogo Irving ‘N’ y un horno clandestino sin registro oficial” y mostro que hallaron también “certificados de defunción y oficios de traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación, estaban en blanco y tenían sellos oficiales, firmas de autorización” y mostró las fotografías de esos documentos.
Que por ello la FGR aseguró la funeraria “El Ángel”, sus dos hornos crematorios, el crematorio clandestino y los indicios localizados, además que fueron Rodolfo Rueda Sebastián y su hijo Rodolfo Rueda Mazón “ambos fueron puestos a disposición judicial, vinculados a proceso y ambos quedan en prisión preventiva en El Altiplano”.
El titular de la Ueilca, indicó que decidieron realizar un nuevo cateo en el Semefo en diciembre del año pasado, y encontraron “restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos con referencias de fechas que se remontaban al año 2014; en un colchón se ubicó en la parte trasera posterior se localizaron restos óseos, calcinados y piezas dentales”.
Y que por ello se amplió la búsqueda en todo el predio, “se localizaron 23 indicios, entre ellos, cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos de armas de fuego, casquillos y documentación”, lo que se está en análisis y que a petición de los padres de los 43 se ha incorporado a ese análisis al Equipo Argentino de Antropología Forense “para contribuir a la transparencia de este análisis”.
Señaló que desde el 2010 la familia Rueda Mazón operaban el Semefo “bajo supervisión del gobierno de Guerrero, ese dato
nos obliga a examinar tanto la actuación de quienes lo operaban, como el alcance de la supervisión pública” y que hay testigos protegidos, cuyas declaraciones del 2020 y 2025 “señalaron que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias, con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración y se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de las funerarias y del Semefo de Iguala, como posibles mecanismos utilizados por la organización criminal conocida como Guerreros Unidos”.
Y que en base a esas pruebas dieron lugar a un segundo proceso penal contra Rodolfo Rueda Sebastián “por delincuencia organizada y la desaparición forzada de personas, en agravio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Que en junio pasado se otorgaron siete órdenes de aprehensión, cuatro correspondientes a integrantes de la familia Rueda Mazón, “Rodolfo ‘N’ padre; Violeta ‘N’; Rodolfo ‘N’ hijo y Helen ‘N’, por desaparición forzada en relación con la operación de la funeraria y el control del Semefo”.
Que además se ejercieron tres órdenes de aprehensión más por los delitos de desaparición forzada y ejercicio ilícito del servicio público en contra de César Manuel ‘N’ quien era director del Semefo en Guerrero; contra Ben ‘N’ ex secretario de Salud en Iguala y Julio César ‘N’ médico legista y técnico forense municipal, que inclusive “esta última persona se encontraba en la Barandilla el día de la desaparición de los estudiantes; las siete personas se encuentran vinculadas a proceso y en prisión preventiva”.
Pazarán Álvarez dijo que se busca esclarecer “quiénes eran las personas cuyos restos estaban ahí (en el Semefo), cómo fueron recibidos sus cuerpos y qué información se asentó en sus documentos; exige determinar si los formatos firmados en blanco fueron utilizados para encubrir muertes violentas, autorizar inhumaciones con datos falsos o impedir que una familia conociera el destino de su ser querido, porque la búsqueda de una persona también depende de que sus registros digan la verdad y cuando esos registros pueden manipularse, una familia puede perder incluso la posibilidad de saber en dónde buscarlo”, agregó.