Jesús Saavedra
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno que encabeza, Claudia Sheinbaum Pardo “a preservar los avances logrados en las investigaciones y a acelerar y profundizar las acciones” para esclarecer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014 y lamentaron que haya narrativas que pretenden exonerar a las fuerzas armadas de su responsabilidad en el caso.
En el marco del 12 aniversario de la desaparición de esos muchachos, la CIDH emitió un comunicado en donde destacaron que a pesar que en este período se “han realizado aportes técnicos relevantes en las investigaciones, los estudiantes de Ayotzinapa continúan desaparecidos. Los hechos no han sido esclarecidos y el destino de los procesos judiciales es incierto. A criterio de la CIDH, fue este esfuerzo colectivo el que permitió, en su momento, logros irrefutables en la reconstrucción de los hechos y la identificación de irregularidades en la investigación, combatiendo narrativas negacionistas dirigidas a entorpecer el proceso de verdad y justicia, y una eventual reparación”.
Enlistó el apoyo que ha dado la CIDH al Estado mexicano desde el 3 de octubre de 2014, cuando otorgó la medida cautelar 409/14 “con el objeto de determinar el paradero de los estudiantes y brindar la atención inmediata a los sobrevivientes. Posteriormente, mediante acuerdos suscritos con el Estado mexicano y regidos bajo el derecho internacional, la CIDH constituyó, en dos períodos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya misión incluyó coadyuvar en las investigaciones. Así también, la CIDH mantuvo la supervisión del cumplimiento de su medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI a través del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA)”.
Aseveraron que el GIEI “desempeñó un papel determinante en el desmontaje de la denominada ‘verdad histórica’, al demostrar científicamente la inviabilidad de la hipótesis según la cual los cuerpos habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, y al establecer que se habían implantado pruebas en el río San Juan. En su última etapa, el GIEI tuvo acceso a videos que mostraban que la Secretaría de Marina había documentado las diligencias realizadas por la Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula, poniendo en evidencia su conocimiento respecto de las anomalías en la investigación”.
Señalaron que se ha identificado “graves inconsistencias en la toma de declaraciones y generación de prueba, así como la realización de nuevas entrevistas a personas detenidas. Los esfuerzos desde la sociedad civil han permitido conocer el impacto psicosocial a los estudiantes sobrevivientes y las familias de los jóvenes desaparecidos, así como denunciar públicamente la ocurrencia de torturas durante los interrogatorios a posibles personas sospechosas”.
Indicaron que recién la CNDH “ha cuestionado recientemente la validez de estos aportes. Para la CIDH esta postura pretende debilitar la asistencia técnica internacional; además de afectar el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por su parte, el Estado señaló que la posición general de México ha sido mantenerse abierto a la cooperación y a la interlocución internacional”.
Y manifestaron su “preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de las fuerzas militares en los hechos. La determinación de las responsabilidades debe corresponder exclusivamente a las autoridades estatales encargadas de investigar los hechos y sancionar a los responsables, con base en las pruebas disponibles, y conforme a la Constitución y la Convención Americana. En este caso, dicha función corresponde a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, órgano especializado responsable de conducir y liderar la judicialización del caso”.
Consideraron que haya líneas de investigación que “abarquen la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad del Estado y la actuación de agentes de procuración de justicia. En este sentido, resulta relevante la recomendación de profundizar investigación sobre la participación de agentes de las fuerzas militares y policiales apuntando a la reconstrucción de sus posibles vínculos con los grupos criminales que operaban en Guerrero en la época de los hechos, en todos los niveles de la cadena de mando”.
Manifestaron su respaldo a las organizaciones que han acompañado a los padres de los 43 y honraron la memoria de los 8 padres de familia que han fallecido en estos 12 años.