* La abogada de organismo internacional Esmeralda Bernal dijo ante los padres de los jóvenes desaparecidos que el gobierno federal debe investigar la probable participación de policías estatales y federales, así como militares en esa “desaparición forzada”
JESÚS SAAVEDRA / ROSARIO GARCÍA
TIXTLA.— Funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto “cambiar la narrativa” en torno a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y no insistir en que fueron incinerados en basurero de Cocula, y que permita la creación de una comisión independiente de investigación del caso, aunque esperan que esto se consolide con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Una delegación de ese organismo internacional encabezada por los abogados Esmeralda Arosamena Bernal de Troitiño, Luis Ernesto Vargas Silva y Francisco José Eguiguren Praeli, estuvo este lunes en las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa para presentar un informe sobre el seguimiento que realizan a las investigaciones de las autoridades mexicanas.
Los funcionarios de la CIDH llegaron a Tixtla, en el acceso a la normal, donde los esperaban funcionarios de la ONU en México en materia de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes marcharon con alumnos y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, desde el arco de acceso sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla, hasta las instalaciones de la institución.
En la cancha de básquetbol presentaron su informe y escucharon la petición de tres padres de familia que participaron que no los dejen solos y que sigan recibiendo su respaldo y solidaridad.
Esmeralda Bernal señaló en su intervención que los 43 jóvenes desaparecidos ya hubiesen terminado sus estudios y probablemente estarían “dando sus primeras clases; siempre los tendremos presentes a sus padres, amigos y familiares”.
Por eso, dijo que presentaban un informe preliminar y que para noviembre dará la CIDH un informe final, justo cuando salga de la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
“El informe tiene como objetivo tener memoria, recoger lo que hemos estado exigiendo y demandando; dentro de unos días se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de sus hijos y no se ha hecho justicia, los acompañaremos hasta encontrar la verdad y a los muchachos”, les dijo a los padres.
Hizo un recuento por todas las recomendaciones que hicieron los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvieron en México y la información que han acumulado en estos casi cuatro años de que desaparecieron los normalistas.
Arosamena Bernal señaló que las recomendaciones del GIEI coinciden con la resolución de un Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, que en junio pasado ordenó una comisión independiente de justicia y verdad para que investigue el caso, con la participación de los padres de los jóvenes y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Agregó que casi 4 años después, “el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido, siguen pendientes líneas de investigación que hemos indicado que deben profundizarse para obtener mejores resultados, apegadas a la verdad, con imparcialidad”.
Lamentó que antes concluir el actual gobierno federal, el presidente retome la “verdad histórica” que ha tratado de imponer la PGR y que indica que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. “No se han realizado cambios en la narrativa para enfocar esas líneas de investigación y tener que dejar una vez por todas esa posición que el señor presidente saliente plantea como verdad histórica, lo que la CIDH ha rechazado, lo que la CIDH no acepta”.
Esmeralda Bernal consideró que la PGR debe de tener “una nueva forma de enfocar las investigaciones a las líneas que ha dictado, debe haber una revisión autónoma, imparcial, independiente e integral de toda la investigación y no más desagregados”.
Por ello, reiteró que la CIDH no comparte la postura del presidente al insistir en la versión oficial, “no aceptamos esa narrativa, le pedimos no hablar más de esa línea, nos hace daño, nos indigna” y a ustedes “los lastima, no lo toleran las víctimas”.
Dijo que la CIDH confía que con la renovación del gobierno federal, a partir del 1 de diciembre, se “pueda abrir una nueva posibilidad de contar con una investigación que se apegue a la independencia e imparcialidad en el desempeño de una persecución del crimen, es importante que se conozca la verdad”.
Añadió que para la CIDH hay diligencias incompletas y que se debe de investigar la complicidad de elementos de la Policía del Estado y Federal, del Ejército, para determinar el grado de responsabilidad en este caso.
La abogada de la CIDH dijo que hasta el momento “no hay consignaciones por desaparición forzada; no hay detenciones de actores estatales por acción u omisión, y los delitos que se han consignado son por delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público, secuestro, pero no por desaparición de personas, y eso indica que pretenden evadir una responsabilidad las autoridades encargadas de investigar”.
Añadió que la CIDH toma nota de cada evento que ocurre en este caso, “estamos cerca de ustedes, en junio dijimos que tomábamos nota de la creación de la comisión de la verdad y la justicia, estamos atentos a la decisiones que deberá tomar SCJN de conformidad con los estándares aplicables en la materia de independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia, estamos en suspenso y pendientes de ver qué ocurre con esta decisión, un suspenso que demostró que el actuar del estado puede realizar importantes hazañas si las instancias puede hacer su trabajo y en este caso le compete a la justicia”, agregó.
María Elena Guerrero Vázquez, madre de un estudiante desaparecido, dijo que la CIDH es “un brazo muy fuerte en estos cuatro años de mentiras y que el gobierno se ha ensañado con nosotros, los necesitamos porque gracias a ustedes hemos descubierto verdades de un gobierno mexicano que ha dicho mentiras, a Enrique Peña Nieto le exigimos que escuche este informe, han caminado con nosotros y han dado batalla para encontrar la verdad, no nos abandonen.
Un dirigente del Comité Estudiantil de Ayotzinapa se quejó de que los 43 estudiantes fueron desaparecidos solo por salir a las calles a protestar, “para el Estado resulta molesto, somos la piedra en el zapato en el estado, vivimos una etapa donde la corrupción, la violencia y la desaparición forzada se ve normal; septiembre un mes trágico para la normal, hay 43 butacas vacías y vamos a seguir luchando porque aparezcan con vida”.
El abogado de los padres de los 43 y activista de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que “mientras las élites de este gobierno hacen un informe para conmemorar los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto, aquí con las victimas del México profundo hay otro informe que da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en este gobierno”.
Añadió que el presidente “llevara una huella indeleble durante el resto de su mandato, este caso hizo visibles las desapariciones forzadas, las graves violaciones que se están cometiendo, este informe retrata fielmente las irregularidades con las que se investigan las desapariciones”.