* El diputado Eduardo Cueva reveló que el Poder Legislativo no tenía conocimiento de que el alcalde perredista sí había accedido a un préstamo de $158 millones con Banco Interacciones

 

Redacción

 

ACAPULCO.— El gobierno municipal de Acapulco que encabeza el alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre ignoró los llamados que le hizo el Congreso del Estado para que no contratara un crédito por 158 millones de pesos con el Banco Interacciones, lo que puso en riesgo la calificación crediticia del Ayuntamiento porteño.

En declaraciones al portal Acapulconews, el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Eduardo Cueva Ruiz, expresó que el presidente municipal porteño no informó al Poder Legislativo que contrataría el crédito bancario.

“No, la verdad es que no tuvimos un dictamen o algo así del Congreso, nosotros no supimos si hubo alguna circunstancia del municipio, o por lo menos no pasó por nuestras manos”, dijo el legislador local a Acapulconews.

La maniobra financiera del alcalde Velázquez Aguirre trascendió hasta que un comunicado de la calificadora Fitch & Ratings mencionó al crédito como parte de los financiamientos que incrementaron el riesgo financiero para el municipio y elevaron la deuda pública del Ayuntamiento en un 46 por ciento.

“Hasta ahorita me estoy enterando que sí se dio este crédito. Sería una cuestión de que esté amparado legalmente, de que no vaya en contra de la legalidad, porque si va en contra de la legalidad pues va en contra de los principios del pueblo acapulqueño”, indicó el diputado.

Cueva Ruiz advirtió que si el crédito solicitado por la administración de Velázquez Aguirre no cumplió con la ley podría intervenir incluso la Auditoría General del Estado, y finalmente aseguró que se va a investigar el caso y a requerir la documentación para definir si se llama a comparecer al alcalde.

Velázquez Aguirre ignoró un exhorto que le hizo la Comisión Permanente el 25 de agosto del año pasado para que rectificara el procedimiento, porque la contratación del empréstito sólo le fue aprobado por el Cabildo, pero no por el Congreso del Estado.