* La SEDATU no tiene registro de esas familias damnificadas, revela el delegado de esa dependencia; la responsabilidad de hacerlo era del gobierno municipal
FERNANDO HERNÁNDEZ
COAPANGUITO.— Han pasado casi 3 años desde la tragedia que provocaron las lluvias que cayeron en Guerrero por el paso de la tormenta ‘Manuel’ y el huracán ‘Ingrid’, y en la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo, aún viven 578 familias en ese lugar a pesar de que fue declarado inhabitable por el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales (Cenapred) y la Secretaría de Protección Civil del Estado.
Se trata de familias que viven en la pobreza extrema que no fueron incluidas en el proceso de reubicación de comunidades que literalmente fueron arrasadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos y cauces durante las torrenciales lluvias que cayeron durante tres días seguidos entre el 13 y el 15 de septiembre de 2013, porque las autoridades responsables de censar a la población no entregaron los folios de los damnificados a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Las intensas lluvias que dejé caer la tormenta ‘Manuel’, provocaron el deslizamiento de los cerros aledaños a San Vicente, lo que dejó incomunicada a la población. Después, se registró la aparición de enormes grietas en el suelo que fueron consideradas por expertos como un peligro para los habitantes de esa localidad serrana.
El delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, confirmó que en las oficinas de la dependencia en Guerrero no hay registro de las 578 familias damnificadas de San Vicente.
Este miércoles, el delegado de la Sedatu se reunió con autoridades comunitarias de ese poblado y líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), en el anexo ejidal de Coapanguito, ubicado a unos cinco kilómetros de San Vicente.
El funcionario federal recordó que las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto no fueron en el sentido de restringir el proceso de reconstrucción, “nunca se dijo estos déjenlos fuera porque no hay dinero. El Fonden (Fondo Nacional de Atención a Desastres) siempre estuvo abierto; incluso en algún momento hubo un periodo extraordinario para que toda la gente llegara” diera cuenta por los daños en sus municipios, comunidades, caminos y escuelas, dijo el delegado en el encuentro con los comisarios.
“No comprendo por qué no están ustedes en la lista del Fonden” dijo el delegado, quien explicó que “lo que ahora estoy buscando son los recursos” para avanzar con la construcción de las viviendas y reubicación de las familias damnificadas.
Admitió ante los afectados que “fuimos engañados, en su momento, todos”, sin precisar si también esto ocurrió en el caso del presidente de la República.
El comisario ejidal de San Vicente, José Nava, denunció que tras el paso de la tormenta “vino meterse a nuestra comunidad un empleadito del ayuntamiento” de Chilpancingo, refiriéndose al entonces secretario de Desarrollo Rural municipal, Alejandro Solano González, a quien acusó como principal responsable de su exclusión porque “esa persona se dedicó a echar los proyectos abajo”.
Y es que en una primera instancia correspondió al gobierno municipal levantar los expedientes de las zonas, comunidades afectadas y las familias damnificadas por la tormenta.
El dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, puntualizó que la falta de registro del censo de los damnificados de San Vicente se debe a la corrupción que impera en las dependencias de los tres niveles de gobierno.
“A nivel nacional Rosario Robles (titular de la Sedatu) dice que la reconstrucción está casi concluida”, reprochó el dirigente popular, lo que mereció que Armenta Tello le respondiera que la dependencia no tiene consideradas a las comunidades afectadas que no fueron registradas en su momento.
Dejó ver que es complicado que la reconstrucción y reubicación de San Vicente se pueda operar con recursos del Fonden, pero explicó que buscará acceder a recursos de otros programas, en especial los derivados del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para ayudarlos.
Dijo que es necesario hacer una revisión del proyecto de reubicación que entregó el ayuntamiento de Chilpancingo en junio del 2014 a las autoridades comunitarias de San Vicente.
De acuerdo con un documento, que fue exhibido por los comuneros en la reunión en 2013, Protección Civil estatal determinó que una superficie de las tierras ejidales de Coapanguito cumplen con las condiciones para que ahí se puedan reubicar a las familias.
Pero para una eventual reubicación se tienen que tomar en cuenta algunas consideraciones, como el no construir en pendientes mayores a 30 grados, lo que implicaría el “recorte de terrenos y estabilizar las laderas”, y mucho menos construir sobre ellas. La dependencia además recomendó que se deje un espacio libre de 15 metros a ambos lados de las corrientes de los cauces de agua.
Otro de los puntos que plantea la dependencia estatal es que se hagan estudios geofísicos para determinar la existencia de huecos y cavernas subterráneas en la zona.
El plano que elaboró el ayuntamiento de Chilpancingo fue exhibido en la reunión y descreditado por los comuneros, porque es copia de uno que se hizo para reubicar a los damnificados del poblado de Chicahuales, poblado cercano a San Vicente.
Armenta Tello mencionó que la eventual construcción de casas para los afectados de San Vicente representaría una inversión de unos 69 millones de pesos, tomando en cuenta los precios del 2013, cuando una vivienda ascendía a 120 mil pesos.
El funcionario federal expresó en la reunión que para la reubicación de las familias de San Vicente se necesita una extensión territorial de alrededor de 20 hectáreas, por lo que los ejidatarios se mostraron a favor de ceder tierras del anexo de Coapanguito.