La impunidad en el México de las Tangentopolis
Jesús Lépez
Aunque tanto a nivel nacional como en Guerrero la inseguridad es considerada por la población como el principal problema, los ciudadanos no hemos valorado en su justa dimensión otras problemáticas como la corrupción y la impunidad que inciden en que los delitos se mantengan a la alza.
En la última encuesta sobre victimización y percepción de inseguridad del INEGI, la falta de seguridad ocupa el primer lugar a nivel nacional y estatal, mientras que la corrupción es mencionada por los encuestados en octavo lugar y la falta de castigo a los delincuentes como décima opción. Así es la distancia entre los tres temas en la percepción pública.
Hablamos de que en Guerrero el 51 por ciento de la gente encuestada menciona la inseguridad como el problema principal del estado, mientras el 19.5 opina que la corrupción y apenas el 10.7 por ciento que la impunidad.
El nivel de confianza en las policías municipales y estatales, así como en los ministerios públicos y los jueces es muy bajo. No llega ni a la mitad de la población.
La inseguridad por su tristemente escandalosa vistosidad y capacidad de alterar el entorno inmediato de las familias, es en sí misma una cortina de humo natural que atrae los reflectores hacia sus efectos, tan aterradores, que alejan a la percepción pública de sus causas.
No creemos en los jueces, ni en los ministerios públicos, pero no consideramos que la corrupción o la falta de castigo a los delincuentes, sean tan importantes como la propia inseguridad a la que estos problemas indudablemente alimentan.
La corrupción no se combate y cuando se hace, resulta ser con fines políticos. El ejemplo más local y reciente es Ángel Aguirre Rivero. Tras el escándalo de Iguala que le costó dimitir en el gobierno del estado, su hermano Carlos Mateo fue detenido junto con colaboradores cercanos al ex gobernador, acusados del desvío y presunto lavado de 268.7 millones de pesos de recursos públicos.
Una vez concluido el proceso electoral Carlos Mateo es exonerado por un juez y sale en libertad. El presunto desvío de recursos resultó solamente la cereza del pastel para alterar la correlación de fuerzas en Guerrero, donde el PRD en el que se había refugiado Aguirre a su salida del PRI terminó perdiendo la gubernatura y muchos de los municipios que gobernaba.
Algo parecido pasó en los años 90 en Italia, cuando la operación Mani Pulite o Manos Limpias desarticuló un sistema de corrupción al que se bautizó con el nombre de Tangentopoli o Villa Soborno que incluyó a dirigentes de partidos, ministros, funcionarios y empresarios, y que resultó en la división de la Democracia Cristiana y que se disolviera el Partido Socialista que eran las principales fuerzas políticas desde la segunda Guerra Mundial, nos recuerda el analista internacional Moisés Naím en su interesante libro titulado ‘El fin del Poder’.
En nuestro país, el caso Iguala es un ejemplo de la protección de políticos corruptos al crimen organizado que fuera de la detención del ex alcalde José Luis Abarca y su esposa, y la dimisión de Ángel Aguirre, permanece intocada o intocable.
Me intriga saber si el tan publicitado sistema nacional anticorrupción servirá para algo más que asestar golpes políticos en un país que tiene una Tangentopoli en cada estado, en cada municipio y en cada esquina; o si continuaremos lamentando la inseguridad sin hacer nada contra la corrupción y la impunidad en el mismo cuento de horror de nunca acabar. Al tiempo.