- Ese observatorio que aglutina a 43 organizaciones exigió a la Secretaría de Gobernación garantizar el Estado laico y que se investiguen amenazas contra quienes están a favor de esa iniciativa presentada por Morena en el Congreso de Guerrero
Josefina Aguilar
Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad e integridad de legisladoras promoventes de la reforma para despenalizar el aborto en Guerrero, así como de activistas que respaldan esa iniciativa, debido a que han recibió amenazas de muerte.
Además, señalaron al obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, por promover y generar odio, discriminación y violencia hacia las mujeres, y contra defensoras de los derechos reproductivos y a la salud de las mujeres.
Este domingo, el OCNF, red nacional conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, en 23 estados de la República, que defienden y promueven los derechos humanos de las mujeres, manifestaron su preocupación por las declaraciones del obispo Rangel Mendoza, quien aseguró que “es peligroso despenalizar el aborto” en Guerrero, y propuso realizar una consulta ciudadana.
Las activistas subrayaron la necesidad de que se respete el Estado laico, en el que prevalezca el debate jurídico y la garantía de los derechos de las mujeres, “por lo que consideramos irresponsable que líderes religiosos se manifiesten en un tema que, además de estar fuera de su competencia, genera odio, discriminación y violencia hacia las mujeres, hacia las defensoras de los derechos reproductivos y a la salud de las mujeres y hacia las y los legisladores que buscan legislar en la materia”.
Consideran que anteponer las creencias religiosas y posturas moralistas en la discusión sobre la despenalización del aborto, vulnera los derechos de las mujeres y pone en riesgo la vida, salud física y emocional.
Recordaron que la propia Secretaría de Salud, en 2007, en el marco de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, hizo público que el 80 por ciento de las personas que habían interrumpido su embarazo eran católicas
“En ese sentido, hacemos un llamado para que se respete el Estado laico, como lo establece la propia Constitución Política de México, y se garantice la libertad de conciencia y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”, destaca el OCNF.
Esa organización pidió a la Secretaría de Gobernación que tome las medidas urgentes y necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de las y los legisladores de Guerrero que están a favor de esa iniciativa, y puedan legislar sin que su vida corra riesgo y garantice la prevalencia del Estado laico.
Exhorta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas para implemente las medidas de protección a favor de las activistas y defensoras de los derechos humanos en Guerrero para que puedan realizar su labor en un contexto seguro.
Solicitan a los líderes religiosos como Rangel Mendoza, no promover el odio, evitar la confrontación y respetar el Estado laico, mientras que pidieron a la Fiscalía inicie las investigaciones necesarias para identificar y sancionar a los actores materiales e intelectuales de las agresiones contra las defensoras de los derechos de las mujeres y legisladoras guerrerenses.
Reiteraron su respaldo al Congreso de Guerrero y pidieron que continúe adelante con la iniciativa presentada el pasado 12 de enero de 2021, a fin de garantizar el derecho a la salud reproductiva de las mujeres e implemente las medidas dirigidas al Poder Legislativo por parte de la Segob.
Insisten en que la despenalización del aborto no obliga a nadie a abortar y que la iniciativa de reforma presentada en el Congreso, es una propuesta vanguardista que, además de ponderar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes guerrerenses, cumpliría con las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación a los tres niveles de gobierno, en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado, realizada el 5 de junio de 2020 y daría certeza jurídica para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.
Finalmente, menciona que el aborto ya es legal, seguro y gratuito en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, y confían en que Guerrero se convertirá a la brevedad en el séptimo estado que garantice los derechos del 50 por ciento de la población estatal y nacional.