*Es necesario blindar los programas sociales federales para que no se utilicen con fines electorales, afirma el diputado Heriberto Huicochea
Gilberto Guzmán
El diputado priista Heriberto Huicochea Vázquez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar federal que informe al Congreso de Guerrero sobre la función de los Servidores de la Nación, así como las medidas para evitar el uso de los programas sociales federales con fines electorales.
De igual forma plantea que se envíe un informe del funcionamiento y operación de estos servidores, que contenga el decreto de creación, reglamentos, manuales de organización, procedimientos y operación, salarios, de quién dependen jerárquicamente y ámbito de competencia, al señalar que este esquema cuesta al año 2 mil 455 millones 581 mil 755 pesos.
En la exposición de motivos durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el diputado Heriberto Huicochea señaló que en septiembre de 2018 la futura Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, confirmó que había arrancado en el país el llamado “Censo del Bienestar” con más de veinte mil voluntarios para las brigadas de encuestadores, que casa por casa recabarían información de las familias y sus problemáticas sobre trabajo, desempleo, educación y discapacidad.
El censo sería realizado por brigadistas conocidos como “Servidores de la Nación”, en su mayoría jóvenes, pero al iniciar su labor para la conformación de la hoy famosa base de datos de los beneficiarios de los programas sociales, ninguna autoridad federal dio a conocer los criterios ni procedimientos para la selección y recolección de la multicitada base.
Mencionó que los llamados Servidores de la Nación “recibieron pagos por 3 mil 500 pesos, para lo cual cada uno de ellos firmó un contrato en el cual se les prometió una remuneración por sus servicios, aun cuando fue anunciado como una práctica ciudadana totalmente voluntaria y apartidista, información que fue confirmada por Gabriel García, Coordinador de Programas Integrales de Desarrollo”.
Indicó que para marzo de este año la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores en entrevista con el Heraldo de México, señalo que el Gobierno federal alistaba la contratación de los 20 mil Servidores de la Nación, los cuales pertenecerían a esa secretaría y serán parte de una estructura de 266 coordinaciones, a cargo de los 32 delegados territoriales, también conocidos como Superdelegados, y que se encontraba bajo análisis el monto que podrían recibir como sueldo que podría ser de 10 mil pesos mensuales.
El legislador comentó que los Servidores de la Nación pasaron de realizar el censo de manera gratuita durante el tiempo de la transición del gobierno federal, a ser contratados y formar parte de una nómina de honorarios conformada por 18,299 empleados, según lo informado en la Plataforma de Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública que contiene los salarios mensuales que perciben y establece que se encuentran adscritos a la Secretaría de Bienestar.
Detalló que de acuerdo con la plataforma durante el periodo comprendido del 01 al 15 de julio de 2019, se pagó a los más de 18 mil Servidores de la Nación una nómina mensual bruta de 204 millones 620 mil 615 pesos con 96 centavos, el cual se encuentra divido en cinco distintos salarios, 01 persona recibe 7 mil 298 pesos; 17,979 personas reciben 10 mil 217 pesos; 54 reciben 28 mil 767 mil pesos con 83 centavos; 03 personas reciben 36 mil 508 pesos con 58 centavos y la última de ellas está integrada por 262 personas que reciben 73 mil 507 pesos con 20 centavos; lo anterior representa un gasto anual de 2 mil 455 millones 581 mil 755 pesos con 96 centavos.
Huicochea indicó que a más de 8 meses del Gobierno Federal no existe fundamento jurídico alguno, o decreto de creación que señale las facultades o atribuciones “dando consigo la validez y sustento al actuar de los llamados Servidores de la Nación, lo cual genera opacidad en el manejo de los programas nacionales de beneficio a la población”.
Subrayó que la falta de información de los Servidores de la Nación genera suspicacias en el desempeñar de sus funciones, porque “han operado el padrón de fertilizante, generando molestias e incertidumbre de distintos grupos y asociaciones campesinas que a la fecha no han recibido el insumo, colocando al Estado en una posible crisis alimentaria por falta de productos del campo en la canasta básica de los guerrerenses”.
Además, fueron responsables de investigar, elaborar y sancionar el listado de los niños y niñas que gozaban del beneficio de Estancias Infantiles, generando el evidente rechazo de las madres no solo en Guerrero sino en la mayor parte de la República.
El dudoso desempeñar de los Servidores de la Nación derivó en que el 10 de junio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a los titulares de las secretarías de Bienestar y de Hacienda, así como de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y del DIF Nacional, por considerar que el nuevo modelo de entrega de apoyos directos, que sustituyen los recursos que se entregaban a estancias infantiles, violan los derechos humanos de los niños y disminuyen el estándar de protección de estos, indicó.
Destacó la reciente resolución del Instituto Nacional Electoral para establecer medidas cautelares por parte de su Comisión de Quejas y Denuncias, que ordenó suspender, en un plazo de 48 horas, el uso del nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador en la indumentaria y accesorios como chalecos, gorras, mochilas y gafetes que usan los Servidores de la Nación, prohibiendo la propaganda gubernamental a través de imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, y que fue aprobada por votación unánime de los Consejeros electorales en sesión Extraordinaria.
El diputado priista dijo que los diferentes programas sociales que otorga la federación deben ser blindados para no ser ocupados con fines partidistas o electorales, ya que antes se realizaba a través de la publicación de las reglas de operación y hoy recae sobre un grupo de personas de las cuales no se conoce su fundamento jurídico, que en una sana democracia permitiría fiscalizar su desempeño en tan importante encargo.
Heriberto Huicochea solicitó que la propuesta se desahogara como asunto de urgente y obvia resolución pero al no alcanzar la votación requerida por el voto en contra de los diputados de Morena, se remitió a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis y dictaminación.