R. SALGADO L.
Hasta antes de 1992 los gobiernos de los estados mantenían bajo su control el cobro del impuesto predial, lo que significaba un importante ingreso de recursos a las haciendas estatales. Con la pretensión de fortalecer económicamente la vida de los municipios, el cobro de esta contribución fiscal le fue trasferido no sólo para este fin, sino para acercar los servicios a la población y hacer más eficiente la operación del gasto.
Hubo municipios que mantuvieron esta “potestad fiscal” desde sus inicios mediante esquemas eficientes, bien organizados, lo que les permitió mantener una vida administrativa sólida y altamente eficiente en los procesos de recaudación, programación y eficaz aplicación de los recursos.
Sin embargo, hubo y siguen existiendo decenas de municipios que han permanecido en el rezago, ante la inercia y negligente actitud de mantener obsoletos esquemas de recaudación, padrones inexistentes o incompletos de causantes y de una aletargada acción que no motiva al hábito del pago de Impuestos.
La asignación de recursos federales a los municipios está definida a través de diferentes indicadores de desarrollo de cada uno de ellos y mantienen un determinado balance o equilibrio en función de la marginación, el nivel de pobreza y el número de habitantes.
De los 81 municipios que conforman el estado de Guerrero, el 20% de ellos mantienen vigente, de alguna manera, el proceso de esta “potestad fiscal”, lamentablemente, en condiciones deficientes, pues no alcanzan el logro de sus metas en función al número de contribuyentes, y los procesos de programación para fines del gasto son a todas luces muy desordenados.
Los municipios en su generalidad están más atenidos a las participaciones federales, que a pensar en el fortalecimiento de sus haciendas municipales, a través de la recaudación local.
El impuesto predial debe ser para cada municipio el ingreso más importante para vigorizar sus finanzas públicas; sin embargo, este ingreso logrado al inicio del año no tiene fijación de metas, no existe atención a las prioridades municipales, como tampoco una programación que defina cierta progresividad de sus más apremiantes necesidades y, lo que es peor, este concepto no es revisado por ninguna autoridad fiscalizadora.
Lo más lamentable es de que en un buen porcentaje de municipios no existe una eficiente disciplina contable y financiera, lo que los coloca en determinados momentos de crisis, ante la ausencia de medidas preventivas.
Los ingresos del impuesto predial son captados durante los primeros tres meses del año y a pesar de que existe un porcentaje importante de contribuyentes morosos, los recursos son cuantiosos, lo que podría permitir que los Ayuntamientos planearan eficientemente su operación y lograran la capacidad suficiente para dar respuestas a las demandas de obras y servicios de sus gobernados.
Lo grave ocurre, como el fenómeno de aquel personaje desordenado y despilfarrador que teniendo la oportunidad de disponer en un momento de dinero o fortuna, lo dilapida sin conciencia alguna y acaba por no tener después ni siquiera para la sustentación de la familia.
El desorden propicia corrupción, y hay quienes intencionalmente lo provocan porque esto conviene a sus oscuros intereses.
El problema que corroe muchas veces a la administración municipal y debilita sus finanzas son las abultadas nóminas de una exagerada burocracia que ha propiciado desórdenes muy notables en la vida laboral.
Si la responsabilidad existiera, podría destinarse un buen porcentaje del Ingreso por concepto de impuesto predial y proceder paulatina y conciliadoramente a la liquidación del personal que no se justifica, con el propósito de adelgazar su aparato burocrático.
Urge una disciplina financiera y administrativa enérgica en las haciendas municipales, de lo contrario la célula fundamental del orden de gobierno más cercana a la ciudadanía sucumbirá irremediablemente.