* El auditor Alfonso Damián informó que se trata del panista Alfredo Alarcón, quien además es investigado por la Fiscalía General del Estado, así como 3 de sus colaboradores
CARLOS NAVARRETE
La Auditoría Superior del Estado (ASE) inhabilitó por cinco años al exalcalde de Leonardo Bravo, el panista Alfredo Alarcón Rodríguez, y a quienes fueron su síndico, tesorero y director de Obras Públicas, por no haber presentado su cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2017.
Entrevistado ayer al concluir la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta, reveló que los cuatro ex funcionarios fueron inhabilitados, por lo que no podrán ocupar ningún cargo público ni de representación popular.
Indicó que, independientemente de la inhabilitación, la Fiscalía General del Estado (FGE) seguirá con las investigaciones que inició contra el exalcalde de Leonardo Bravo y sus colaboradores, derivado de las denuncias penales que la ASE presentó en su contra por el mismo motivo.
“Esto es derivado de la omisión de la presentación de la cuenta pública, independientemente de las denuncias penales que hemos presentado con oportunidad, hemos ya nosotros determinado una resolución definitiva en donde estamos imponiendo una inhabilitación de cinco años a estos funcionarios que corresponden a la administración de 2015-2018”, expresó.
Sobre la situación en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Damián Peralta recordó que ya se inició el procedimiento resarcitorio correspondiente a las irregularidades detectadas durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017, de la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre.
Explicó que en febrero se realizará una audiencia para atender las observaciones de 2016, mientras que de 2017 dijo que se está en el proceso de notificación de los pliegos de observaciones.
“Con CAPAMA tenemos tres procesos en trámite: 2016 que es el que va más avanzado ya con un procedimiento resarcitorio iniciado; 2017 con la notificación del pliego de observaciones; y el 2018 que por el tema que hemos venido identificando se consideró en nuestro programa anual de auditorías y estaremos seguramente en el mes próximo iniciando la visita domiciliaria”, explicó.
Finalmente recordó que lo que se pretende con el procedimiento resarcitorio es que se reintegre el recurso que fue gastado pero no justificado, y que es de aproximadamente cien millones de pesos. El auditor confió en que a mediados de 2019 concluya ese proceso.
“La ley establece que les debemos dar garantía de audiencia y estaremos emitiendo la resolución definitiva en cuanto se hagan las comparecencias correspondientes (…) Estamos hablando de trámites jurídicos y muchas veces dependiendo de todo lo que la defensa prepare, pero en el peor de los casos o en el periodo más amplio calculo yo que a mediados de año se estaría resolviendo”, señaló.