* Lo que pasó en el penal de Las Cruces, en Acapulco, confirmó la vulnerabilidad de las prisiones del estado, aseguró el gobernador durante la celebración del Día del Abogado
* Destacó que él “es el más interesado en que se diga con objetividad y realismo” lo que ocurrió en el Cereso de Las Cruces, por lo que no se distorsiona la información, aseguró
Gilberto Guzmán / Redacción
El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que los diversos acontecimientos de violencia ocurridos en cárceles de Guerrero, como el asesinato de 28 reos en el Cereso de Las Cruces en Acapulco, confirman la vulnerabilidad del sistema carcelario y obligan a su rediseño para que en verdad funcionen como Centros de Reinserción Social.
Este miércoles, en Casa Guerrero, el mandatario estatal entregó la medalla al Mérito Jurídico ‘Alberto Vázquez del Mercado’ al destacado jurista Alfonso Neri Carreto, oriundo de Chilpancingo, en el marco del Día del Abogado, y en su mensaje aprovechó para fijar postura sobre los recientes acontecimientos.
Recordó que recibió “la administración pública” mientras en el estado prevalecía “una profunda crisis social, política y financiera, pobreza endémica, la presencia del crimen organizado, la corrupción y la impunidad, pero además, “a este caos”, se le tenía que sumar “el desorden urbano, el narcotráfico, los desastres naturales”.
En ese sentido explicó que impuso una estrategia de recuperación del control de las instituciones y de la capacidad de actuación del gobierno, logrando así instaurar la gobernabilidad y el Estado de derecho.
Consideró que se ha logrado el restablecimiento de una nueva estrategia de seguridad, conducida desde el Grupo de Coordinación Guerrero, además que se lograron distender conflictos importantes como el del magisterio, que se encontraba en paro de labores contra la reforma educativa.
Astudillo Flores aprovechó para precisar que los acontecimientos del jueves 6 de julio, en el penal de Las Cruces de Acapulco, han confirmado la condición precaria y la vulnerabilidad en que se encuentran los reclusorios del estado.
Afirmó que los ocurridos el jueves pasado no fueron hechos aislados, y enumeró una serie de acontecimientos similares. “Un motín en 2011, en el penal de Las Cruces dejó tres personas fallecidas y ocho heridos; en 2014 en el penal de Iguala, un comando entró y le quitó la vida a diez personas, lo que obligó al traslado de los reos y reubicados al penal de Acapulco; en 2015, tras el asesinato de un preso en el penal de Las Cruces, se registraron manifestaciones y bloqueos en la avenida Costera y fuera del reclusorio”, precisó.
El gobernador añadió que “estos lamentables incidentes nos enfrentan a la oportunidad de visualizar cambios reales y profundos”, por lo cual se debe comenzar, en colaboración con las instancias federales competentes, a planear y rediseñar el sistema carcelario de Guerrero, para que a partir de su modernización se apliquen medidas de prevención y de reinserción social.
Reiteró que su administración no tiene interés en proporcionar información imprecisa sobre lo que ocurrió en el penal de Las Cruces; “no hay ningún otro dato más que pueda haber distorsionado la información que dimos desde el mismo día de los lamentables acontecimientos”, aseguró.
Subrayó que “el gobernador del estado es el más interesado en que se diga con objetividad y realismo, las personas que ahí fallecieron, las personas que ahí resultaron lesionadas”, porque no gana nada el gobierno estatal y las instituciones al falsear información.
En otro tema, el gobernador también opinó que a un año de entrar en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, éste enfrenta diversas críticas, tanto en el ámbito de su operación como en el operativo, lo que obliga a trabajar en las reformas legislativas para consolidarlo en el país.
Comentó que se deben analizar, debatir y resolver las reformas y adiciones al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que deben ser objeto de prisión preventiva, oficiosa, y definir con claridad las normas de vinculación a proceso de los imputados.
Recordó que en días pasados presentó al Poder Legislativo una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito, y del sistema de faltas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas dentro de sus comunidades, cuyo seguimiento corresponde a su policía comunitaria o rural.
El gobernador explicó que una vez dictaminada y aprobada esa iniciativa de reforma, presentará la iniciativa de reformas a la Ley 701 de reconocimiento, derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
“He manifestado con toda determinación y claridad que la voluntad del gobernador es adecuar la Ley 701 vigente, introduciendo las modificaciones y mejoras que conlleven a la adecuación del texto constitucional en cumplimiento a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fecha 29 de febrero del año 2016”, afirmó.
Detalló que en esa recomendación, la CNDH estableció analizar la pertinencia de presentar las iniciativas de reforma al artículo 14 de la constitución estatal, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que integra el Sistema Comunitario de Justicia para que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos.
Indicó que en el punto 133 de la citada recomendación, la CNDH establece que la justicia comunitaria no puede suplir la función del estado de garantizar dicha función constitucional.
Héctor Astudillo se pronunció porque las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión lleguen a acuerdos para aprobar la Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, con el fin de reforzar el combate al crimen organizado, que no admite soluciones escuetas ni simplistas.