* Cada municipio tiene un tope máximo para endeudarse y pondrá como garantía sus participaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Fernando Hernández
El Congreso del Estado aprobó ayer un decreto que permitirá a los ayuntamientos de Guerrero contratar préstamos con instituciones bancarias hasta por un monto equivalente al 25 por ciento de su presupuesto anual, y la garantía de pago serán las participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
En la sesión de este jueves, el coordinador de los diputados locales de MC, Ricardo Mejía Berdeja alertó que los prestamos podrían incrementar la deuda pública de las administraciones municipales y consideró que los empréstitos que a nivel estatal podrían ascender a unos mil 800 millones de pesos, tendrían que ser aprobados por el Congreso del Estado.
En el dictamen que se aprobó se establece el plazo para la contratación de las deudas quedará abierto desde la fecha de publicación del decreto y durante todo el 2018, por lo que los ayuntamientos podrán solicitarlos incluso durante el proceso electoral del próximo año, cuando muchos de los actuales alcaldes buscarán reelegirse en el cargo o ser candidatos a otros cargos de elección popular.
En su argumentación, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Ignacio Basilio, defendió que los ayuntamientos tendrán que solicitar la aprobación de sus cabildos antes de contratar los préstamos, y que estos tendrán que ser pagados antes de que termine el periodo para el que fueron designados.
Los préstamos deberán ser empleados específicamente para la implementación de obras de infraestructura social y no podrán ser destinados a otros campos como el pago de laudos laborales, y otro tipo de deudas.
En total los ayuntamientos en Guerrero podrán adquirir antes de las elecciones del próximo año deudas que ascienden a mil 811 millones 3 mil 91 pesos.
En el caso del municipio más grande de la entidad que es Acapulco, se le permitirá de contratar una deuda con instituciones bancarias por 201 millones 32 mil 661 pesos; en tanto que en el caso de Chilpancingo la deuda podría ascender a 62 millones 205 mil 718 pesos; mientras que el empréstito al que pudiera aspirar Iguala no deberá rebasar los 32 millones 803 mil 910 pesos.
Mejía Berdeja argumentó el voto en contra de su fracción, porque consideró que a pesar de ser legal, los antecedentes son negativos, además que no hay sanción.
Consideró que no se debe “liberalizar” el endeudamiento de los ayuntamientos, porque a pesar de que la ley establezca candados, se puede dar una mala utilización del gasto público, y “se desvíe del objeto del gasto y vayamos a tener ayuntamientos que utilizan irresponsablemente este endeudamiento financiero”.
Dijo que cada ayuntamiento que tenga una necesidad de crédito debe solicitarlo de manera específica a través del Congreso, para que “se analice y se dictamine cada solicitud, y no abrirles un techo financiero para que a discrecionalidad puedan estar recurriendo a instituciones financieras que puedan desvirtuar este mecanismo”.
El dictamen del decreto fue elaborado por los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Ignacio Basilio García (PRI), Irving Adrián Granda Castro (PRI), Luis Justo Bautista (PRI), así como Carmen Iliana Castillo Ávila (PVEM) y la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRD, Erika Alcaraz Sosa.
Los diputados perredistas apoyaron la iniciativa presentada en la sesión de ayer, porque el sol azteca es la segunda fuerza política en Guerrero y la que gobierna más municipios después del PRI.