¿Negociazo reformar el sistema acusatorio?
Felipe Victoria
Terminando la enajenación colectiva por otra edición del Tianguis Turístico, que fuera monopolio de Acapulco y culminados los festejos por las estatuas de la Diana, Juan Gabriel en Sinfonía del Mar y la adrenalínica tirolesa sobre Puerto Marqués, a esperar la bonanza de semana mayor.
Enrique Peña Nieto regresó el evento al puerto, pero sin revocar el carácter de itinerante que le decretó Felipe Calderón Hinojosa en abril de 2011, enojado por la inseguridad pública municipal, que ahora parece estar peor, como en todo el país de costa a costa y frontera a frontera, porque la ley de plata o plomo es la única vigente.
Como aquí son muy delicaditos de piel y los controladores de la prensa siguen desubicados y mareados sobre un ladrillo, mejor recurro a mi gustado Excélsior y fragmentos de la columna CERO de José Buendía Hegewisch, abriendo comillas:
“Los escándalos de corrupción de la semana que termina confirman con crudeza que el crimen compite con las instituciones y que los fiscales son aliados de la impunidad. Un tumulto de casos de gran impacto público nacional e internacional que involucran al Ministerio Público y jueces, visibilizan el estancamiento del cambio en la justicia, y aún peor, que están en riesgo las reformas institucionales de la última década para perseguir y castigar el delito, el abuso de poder y evitar la penetración del narco en la política.
El ímpetu reformador pierde fuelle a la hora de pasar de las leyes a la voluntad política para transformar las instituciones de justicia. El sistema anticorrupción choca con la disputa política por nombrar un fiscal que lo ponga en marcha.
Los cambios a la ley de amparo sirven para ampliar el control político y frenar los procesos, como muestra la averiguación contra el exgobernador de NL, Rodrigo Medina, o como patente de corso al responsable de adquisiciones del gobierno de Chihuahua, Antonio Tarín, para no ser arrestado tras refugiarse en el Congreso al calor de la huida de la justicia de su jefe, César Duarte.
La Reforma Penal se debilita en la controversia para nombrar al nuevo fiscal general. Y especialmente al verse pública y notoria la penetración del crimen en las instituciones con la detención del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, acusado de conspirar con el crimen para la distribución de drogas a Estados Unidos.”
“La designación de fiscal general y anticorrupción, en efecto, es insuficiente para remover obstáculos para la eficacia de los procesos y la burocracia que lucran con la impunidad en el ministerio público y el poder judicial. Hay, al menos, 3 impedimentos para la reforma penal:
1.- Acceso a la información federal. La detención del fiscal de Nayarit acusado de unirse al crimen organizado desvela total falta de transparencia en la operación en los estados, tanto como de acceso a la información federal, por ejemplo, de la unidad de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de contratos y transacciones financieras.
2.- Amparo. Su ampliación con la reforma de 2011 ha servido para entorpecer procedimientos e impedir la conclusión de las averiguaciones. La forma opaca y anacrónica de funcionar de esta garantía es la espada de Damocles de la Reforma Penal porque preserva el control político y sirve como mecanismo para negociar la ley. Una joya de la desvirtuación de este recurso es el amparo del llamado juez Porky. La transparencia y rendición de cuentas de jueces sobre este recurso es prácticamente nula y cuando hay denuncias se resuelven corporativamente en el Consejo de la Judicatura. ¿Cuándo y cómo actúa la PGR contra un juez acusado, por ejemplo, de abuso de poder como el que amparó a Medina?
3.- Investigación. El anterior sistema penal inhibió el desarrollo de capacidades de investigación del Ministerio Público, pero ahora es fundamental documentar las averiguaciones con elementos probatorios para el control de los jueces. Las deficiencias en la investigación hacen que los casos se caigan, junto con la falta de registros contables de los gobiernos para acreditar acusaciones”
Duras consideraciones de Buendía Hegewisch en el centenario Excélsior de Olegario Vázquez Aldir, pero al cabo que en Guerrero y entre la abundancia de Barras y Colegios de Abogados, sobran dedos de la mano para encontrar juristas lectores de medios y estudiosos, pero qué tal se le van a la yugular algunos enanos mentales aldeanos al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, por la osadía de ocurrírsele el esfuerzo extra de lograr un Doctorado.
El fracaso del nuevo sistema penal acusatorio es evidente a nivel nacional, quien sabe quiénes convencieron al presidente Peña Nieto de que sería fácil transformar por decreto nuestra idiosincrasia de legalidad, mutando del sistema escrito al consuetudinario implantando la oralidad agringada, que tantos no entienden, asimilan ni quieren estudiar, pero favorece la comercialización de libertades en el MP y los Juzgados, para solaz de abogados defensores mercaderes de la injusticia.
A los que les fue de maravilla es a los involucrados en la compra de equipo electrónico y cibernético, pero mejor a los constructores de nuevas instalaciones y remodelaciones de viejos cuchitriles, pero de eso chitón perrito.