El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, confirmó que ocho trabajadores del Poder Legislativo fueron separados de su cargo de manera definitiva, tras ser vinculados a las investigaciones por el presunto cobro irregular de cheques mediante la falsificación de firmas.
Las anomalías administrativas surgieron como “hallazgos” derivados del proceso legal de entrega-recepción, el cual inició tras la toma de protesta de Badillo al frente de la Jucopo el pasado 10 de junio. Tras solicitar una prórroga para la integración de la documentación financiera correspondiente al periodo de enero a junio, los expedientes fueron turnados al Órgano Interno de Control (OIC).
“Primer punto: que no se va a solapar ni encubrir a nada ni a nadie. Nosotros somos y seremos siempre quienes vamos a ponderar por encima de todo la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad”, afirmó Badillo Escamilla en una entrevista durante la sesión de este martes.
Los hechos bajo investigación ocurrieron durante el periodo en que Urióstegui García presidía la Jucopo, y se ha señalado la presunta participación de su suplente, Héctor Avilés Cruz, y del exsecretario de Servicios Financieros del Congreso, Esli Joanan Navarrete Cisneros, además de otros colaboradores del legislador.
Badillo Escamilla precisó que corresponderá al OIC y a la Fiscalía General del Estado determinar las responsabilidades pero advirtió que las sanciones administrativas o penales se aplicarán conforme a la ley y que estas conductas sancionables “por supuesto” podrían alcanzar a los propios legisladores.
En este contexto, el presidente de la Jucopo destacó que ya existen dos denuncias formales ante la Fiscalía, interpuestas por dos diputadas de representación indígena y afromexicana, quienes procedieron legalmente al desconocer la emisión de dichos recursos. Sobre los rumores de la presunta falsificación de 111 cheques a nombre de una sola legisladora, Badillo pidió prudencia y evitó confirmar cifras, argumentando que cada diputado administra y comprueba gastos de gestión de manera individual y en distintos escenarios.
Respecto al posicionamiento de la diputada Marisol Bazán, quien solicitó públicamente que el legislador Jesús Urióstegui se separe del cargo para permitir que el proceso de investigación avance con claridad, Badillo Escamilla apeló a la autonomía legislativa y al respeto entre pares.
“Los cargos de diputados y diputadas, la ley lo marca, son irrenunciables. Sería únicamente, según la ley, que él tendría que pedir una licencia si así lo considera el diputado Jesús Urióstegui, pero esa es una decisión muy particular”, subrayó el coordinador, tras reiterar el derecho de Bazán a manifestar su petición y el de Urióstegui a tomar una determinación personal.
Finalmente, el diputado fue categórico sobre la separación laboral de los ocho colaboradores que habrían participado en el cobro de los cheques cuyos recursos no se entregaron a los legisladores: “Se les generaron, como lo marca la ley, actas de cese por estar relacionados con una investigación judicial; fueron dados de baja”, concluyó.