Perredistas critican la mala situación que sus gobiernos heredaron.— Habrá sanciones penales si encuentran desvíos irregulares en el gobierno de Ortega.— Insiste Marco Leyva en la necesidad de formar un gran pacto político y social

 

Enrique Vargas

 

Muchos dirigentes perredistas o se pasan de cínicos o de plano se hacen los occisos, porque vienen a Guerrero a tratar de golpear al gobernador Héctor Astudillo y responsabilizarlo del grave problema de la inseguridad que en 10 años sus gobiernos incubaron, dejaron que creciera, nunca lo combatieron y ahora vienen a reclamar y exigir que el gobierno actual resuelva y limpie el cochinero que dejaron en apenas un año de trabajo.

Con esa enorme desvergüenza que los caracteriza, el presidente del Consejo Nacional amarillo, Ángel Ávila Romero planteó que el gobierno federal debería mandar a Guerrero a un fiscal especial como lo hizo hace dos años en Michoacán, para tratar de controlar la violencia criminal y la inseguridad, como si la mala situación actual hubiera surgido en el gobierno de Astudillo y no fuera resultado de los lamentables y fallidos gobiernos del PRD.

A este despistado sujeto habría que endosarle también la respuesta que el gobernador le dio al despistado senador Armando Ríos Piter, quien llegó con una cantaleta semejante y que volvió esconderse, cuando el mandatario le respondió que quienes provocaron esos problemas de violencia, de muertes y desapariciones eran sus amigos, como José Luis Abarca, el mafioso alcalde de Iguala, a quienes apoyo y hasta promovió como en el caso del presidente municipal, para agregarle la definición de Ríos Piter: “cobarde”, mismo que le queda a este nuevo perrediano, que como el anterior pretenden ignorar que fueron sus tres gobernantes los que dejaron a Guerrero en la lamentable situación en que lo recibió el nuevo gobernador tricolor.

Al gobernador Astudillo se le resbalan las tonterías de los amarillos, por lo que en este caso le mandó un “saludo afectuoso” a sujetos como este “que vienen expresamente sólo a descalificar”, sin que jamás aporten algo, una idea positiva o algo que les sirva a los guerrerenses, porque lo único que saben hacer es fastidiar y “hacerse como el tío Lolo”, en cuanto a los problemas que les dejaron a los guerrerenses.

HABRÁ SANCIONES PENALES SI ENCUENTRAN DESVÍOS IRREGULARES EN EL GOBIERNO DE ORTEGA.— El Congreso del Estado revisa el informe de la Auditoría General del Estado (AGE) sobre las cuentas públicas del gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, lo que se hará con mucho detenimiento y en caso de encontrar irregularidades se fincarán responsabilidades penales, advirtió el diputado Eusebio González Rodríguez.

Como se recordará, en varias ocasiones se mencionaron faltantes y desvío de recursos por cantidades enormes, pues se mencionó, al inicio de este gobierno, que el déficit financiero alcanzaba los 20 mil millones de pesos, que serían responsabilidad de los gobiernos de Aguirre y Ortega, más una parte que se venía arrastrando desde Zeferino Torreblanca.

También destacó el secretario de Finanzas, Héctor Apreza que sólo por impuestos no pagados durante 2013 de las secretarías de Educación y de Salud, había una deuda de 3 mil millones de pesos.

Sin embargo, el diputado Eusebio González, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, no quiso manejar cifras de los posibles faltantes, déficits o desvíos, porque dijo que harán una revisión muy detallada del análisis que les entregó la AGE y será hasta entonces que podrán manejarse cifras y datos del manejo que hizo Rogelio Ortega de los fondos públicos que se le confiaron.

Lo que si advirtió es que si se encuentran manejos indebidos, que surjan de hechos de corrupción, “se fincarán responsabilidades penales”.

INSISTE MARCO LEYVA EN LA NECESIDAD DE FORMAR UN GRAN PACTO POLÍTICO Y SOCIAL.— Chilpancingo necesita formar un gran pacto político y social, para avanzar en la solución de sus problemas y debe estar relacionado con necesidades y cuestiones concretas, como en el tema de la basura, que es una responsabilidad del gobierno municipal, pero que también requiere de la participación decidida y consciente de la sociedad.

Así lo planteó el alcalde capitalino Marco Leyva, quien insistió, como lo dijo en su informe de gobierno municipal, aunque a él le corresponda coordinar y organizar las acciones en favor de Chilpancingo, se requiere también que la sociedad, sus organizaciones y grupos sociales se involucren en la solución y atención de cada uno de los temas que necesitan atención permanente.

En cuanto al problema de la basura que se complicó severamente por cuestiones políticas, señaló que no está en espera de que esa situación se resuelva por su propia inercia, sino que sigue en busca de un nuevo terreno para abrir otro relleno sanitario, además de que mantiene pláticas con el alcalde de Zumpango, Pablo Higuera Fuentes, quien ha mostrado una actitud más abierta y razonable, para contribuir a darle una salida a ese servicio que ha hecho crisis en la capital del estado, pues hay la posibilidad de alcanzar un convenio de colaboración entre los dos municipios.

Esa es la forma de enfrentar los problemas y necesidades entre municipios vecinos, todos integrantes del mismo estado, porque los habitantes de una y otra demarcación geográfica no pueden verse como enemigos o como adversarios que tratan de afectarse mutuamente con la creación de un basurero, porque todos son guerrerenses que deben colaborar en la solución de las necesidades y problemas que enfrentan y que con la participación de dos o varios pueden encontrarse salidas y soluciones más eficaces.

Señaló Marco Leyva que con el alcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, no existe ningún problema personal y que respeta sus formas y estrategias que desarrolla en su municipio, pues incluso se han reunido en varias ocasiones para dialogar sobre los asuntos comunes que necesariamente existen al ser dos municipios colindantes.

El edil capitalino busca evitar cualquier forma de confrontación, para dejar un espacio en el cual finalmente se logre una salida al problema del centro de reciclado de Matlalapa y se permita su funcionamiento.

Ese gran pacto político y social está abierto para los alcaldes vecinos o distantes, porque todos son guerrerenses que deben trabajar en una misma dirección en beneficio del estado y no buscar la forma de crearse problemas por el hecho de que unos sean amarillos y otros tricolores, porque finalmente todos conviven en el territorio estatal y los problemas que uno de ellos le crea al vecino, son problemas para todos los guerrerenses.

Realmente, no se entiende que un alcalde se encierre en una negación total, sólo para provocarle un daño y un deterioro importante a su vecino, sólo porque no es de su partido o porque es el municipio mayor del estado, con excepción en Acapulco.

Eso resulta políticamente inaceptable y humanamente inadmisible.

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