Gilberto Guzmán
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, Silvano Blanco Deaquino, señaló que para conseguir un Presupuesto de Egresos 2017 que en verdad funcione para la atención de la problemática social y económica en Guerrero, el análisis y la discusión deben realizarse en forma integral y no solo en la Comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, como se acostumbra.
Además, opinó que ante las reducciones presupuestales el Gobierno de Guerrero debería aplicar una reingeniería en el aparato administrativo, como una forma de recurrir a un Plan B ante los embates de la crisis.
En su participación en la tribuna del Poder Legislativo, subrayó que es necesario que como entidad se cuente con un plan “B”, a partir de los anuncios de que el Presupuesto de Egresos 2017 se caracterizará por las restricciones de carácter económico.
Destacó que se deben generar las condiciones para que en caso de que lo recursos asignados para el estado de Guerrero no sean suficientes, se aplique un Plan B.
El gobierno estatal tiene la obligación de iniciar una reingeniería administrativa, que le permita hacer más eficiente el uso del recurso que se le etiquete, planteó el diputado integrante de Movimiento Ciudadano.
Agregó que la situación que se plantea en el diseño del Presupuesto de Egresos va contra la democracia, porque en Guerrero el Presupuesto solo se analiza, discute y aprueba en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en este caso preside el diputado Eusebio González Rodríguez, del PRI, y es el único Congreso que lo hace de esa forma.
Es decir, no hay en el Pleno una discusión real, “solamente llega el dictamen y se somete a discusión, sin que se genere el espacio para realizar modificaciones”.
Silvano Blanco indicó que si sucede lo que en 2015, cuando se discutió el presupuesto que aún está en ejercicio, no habrá beneficios reales para los guerrerenses, porque en los acuerdos que hicieron en el presupuesto anterior solamente se etiquetó recurso para la inversión productiva y proyectos agroindustriales, pero ese recurso se está utilizando para otras actividades que no tienen nada que ver con lo acordado.
Reeditar ese modelo, advirtió el diputado, significa incurrir en una simulación muy grave que recibe críticas de los sectores sociales.