* “Rogelio Ortega dejó las arcas vacías”: HAP
* 14 mil plazas laborales, sin techo presupuestal
* Educación y Salud, las dependencias quebradas
Jorge VALDEZ REYCEN
Una vez más se confirma la sospecha generalizada de que el gobierno de Rogelio Ortega Martínez fue inútil, insensible, irresponsable y corrupto.
Héctor Apreza Patrón, titular de las Finanzas públicas del gobierno estatal, aportó cifras dramáticas y reveladoras de un subejercicio de fondos federales hasta por 900 millones de pesos que por falta de expedientes técnicos –los debió entregar la SEFINA a la Federación—, no lo hizo de manera dolosa y ese recurso se subutilizó o no se ejerció y el Gobierno Federal lo puede congelar y no liberar.
Además, confirmó que Ortega Martínez “no dejó un solo peso en las arcas, cuando debió haber previsto 800 millones de pesos para el pago de salarios y aguinaldos a más de 50 mil burócratas”. Esta indolente actitud, aviesa, sin duda tuvo una motivación: crear una virulenta reacción del sector laboral gubernamental al entrante gobierno de Héctor Astudillo Flores, al punto de provocar inestabilidad. (Piensa mal y acertarás).
Las dos secretarías que acumulan el mayor quebranto financiero son Educación y Salud, que cuentan con un total de 14 mil plazas sin techo presupuestal, o sea que miles de personas fueron contratadas unilateralmente y de manera discrecional. Este asunto repercutió, pues en 2013 se informó que se trataba de miles de “aviadores” tanto del sector magisterial como de los administrativos en salud.
Apreza Patrón también informó a los legisladores que existen laudos laborales pendientes de cubrir hasta por 800 millones y se podría disparar la cifra a tres mil millones de pesos, en virtud de que los ex funcionarios “heredados”, producto del amiguismo y compadrazgo, demandaron finiquitos millonarios, en una práctica a todas luces desleal, de provocar un quebranto deliberado y orquestada por malos servidores públicos.
Hubo casos donde se escamotearon derechos a quienes fueron despedidos injustificadamente, pero en cambio funcionarios de nivel subsecretario y directores generales exigieron indemnizaciones millonarias desproporcionadas, abusivas y fuera de lo que marca la ley.
Por ello, Apreza deslizó que se aplicará la ley contra de aquellos funcionarios que no han comprobado irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por un monto de ocho mil 300 millones de pesos, de los cuales tres mil millones fueron desviados. En esto hay dos caminos: denunciar penalmente por peculado y exigir la reintegración del dinero que indebidamente no han comprobado los ex servidores públicos. (No dio nombres).
Empero, cifras millonarias que evidencian un desorden financiero, un ejército de 14 mil trabajadores fuera del presupuesto (pero que cobran religiosamente), el desvío de por lo menos tres mil millones de pesos, el subejercicio de fondos federales por 900 millones y toda una cauda de trapacerías no pueden quedar en la impunidad. Sería un nefasto precedente de tolerancia ante lo que con antelación se presumía: la corrupción galopante propiciada por el gobierno de Ortega Martínez.
El gobernador Astudillo no puede, ni debe, ser omiso ante este concierto de corrupción. ¿Por qué? Porque una de las banderas que enarboló en su peregrinar proselitista fue que sería implacable, intransigente y actuaría con toda la fuerza contra de aquellos que incurran en actos de corrupción. Cero tolerancia, dijo, contra corruptos.
Interpretando lo que en seis horas informó Apreza Patrón a los diputados de todas las fracciones parlamentarias, de manera pormenorizada y sin maquillaje, estamos en el umbral de un enorme cuerno de la abundancia del que unos cuantos se sirvieron a placer, sin pudor, ignorando o valiéndoles madre que a Guerrero se lo lleve el carajo.
Astudillo tiene la obligación y compromiso ético, moral y de guerrerense bien nacido de ir contra quienes se convirtieron en menos de un año en millonarios y hacerlos que devuelvan todo lo que saquearon. Una acción de tal envergadura, le sería de enorme simpatía y confianza popular, respaldo social absoluto y legitimidad a sus acciones de gobierno a favor de la rendición de cuentas y reinstauración del Estado de Derecho.
Habría manifestaciones ahora a favor de aplicar la cárcel a mañosos y corruptos malos servidores públicos, y hasta inhabilitarlos de por vida para que no vuelvan a estar en el sector público, por rateros y sinvergüenzas… Así se debe actuar ya… SIN MEDIAS TINTAS.