*El Pleno aprobó reformas al Código Penal para fijar condenas de hasta 14 años de cárcel a quienes atenten contra el patrimonio de grupos prioritarios
Con el objetivo de blindar el patrimonio de los sectores con mayor grado de vulnerabilidad en la entidad, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó este miércoles un dictamen de reformas al Código Penal local que amplía el catálogo de agravantes e incrementa las sanciones para el delito de despojo.
Al fundamentar el dictamen en tribuna, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, expuso que Guerrero alberga a más de 443 mil personas adultas mayores, un sector que en su mayoría enfrenta condiciones de desprotección social y alta vulnerabilidad ante despojos o amenazas de carácter legal.
Las modificaciones aprobadas al artículo 246 del Código Penal imponen penas de 4 a 14 años de prisión cuando el despojo sea perpetrado en perjuicio de personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de abandono o con enfermedades incapacitantes. Asimismo, el marco legal contempla esta sanción reforzada cuando el autor de la ilicitud sea familiar de la víctima (hasta en cuarto grado), su apoderado legal, albacea, servidor público, notario, administrador de bienes o cualquier persona con la que mantenga un vínculo de confianza.
Al respecto, el legislador Bello Solano remarcó el compromiso de la asamblea legislativa frente a estas conductas:
“Con la aprobación de este decreto se manda un mensaje a aquellas personas que cometen este tipo de delito. Que sepan que los adultos mayores y personas vulnerables no están solos, que existen leyes que los protegen”.
Acatamiento a resolución de la SCJN
En la misma sesión ordinaria, la LXIV Legislatura aprobó la derogación del artículo 191 del Código Penal del Estado, en estricto cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro de la Controversia Constitucional 173/2025. Con esta resolución, el Poder Legislativo local dejó a salvo la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de privación de la libertad.
Iniciativas presentadas
Durante el desarrollo del orden del día, integrantes de diversas fracciones parlamentarias ingresaron iniciativas de ley que fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) planteó modificar la Constitución Política del Estado para alinear la norma local con la reforma federal al Poder Judicial. La propuesta proyecta programar la elección de magistradas, magistrados, juezas y jueces locales para el proceso electoral 2027-2028, adecuar los mecanismos de selección y evaluación, y optimizar la jornada electiva. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
También a la Comisión de Justicia se turnó una propuesta de la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) para incorporar el artículo 132 Bis al Código Penal local para tipificar como delito imprescriptible la “ejecución extrajudicial”. La iniciativa fija condenas de 50 a 70 años de prisión a los agentes de seguridad o particulares que priven de la vida a personas con el aval, orden o tolerancia de instituciones del Estado.