* Astudillo, futuro “rockstar” anticorrupción

* Acapulco: barbarie cortesía de transportistas

* El Congreso: otra vez el miedo y la histeria

 

JORGE VALDEZ REYCEN

 

Si en los primeros 100 días del nuevo gobierno que encabezará a partir del 27 de octubre Héctor Astudillo Flores se implementan reglamentos y una oficina que regule eficazmente la adquisición de los bienes, servicios e insumos que requiere la administración gubernamental para su debido funcionamiento, que representan una millonada de pesos, se acabará con el “diezmo” y la corrupción galopante de un golpe certero y directo.

El planteamiento es interesante, conciso y macizo, que el propio Luis Carlos Ugalde definió como un enorme paso en la lucha anticorrupción que se decretará como de las primeras acciones importantes del gobierno astudillista. Incluso, Ugalde tuvo un comentario interesante: que dicha medida colocaría a Héctor Astudillo como un “rockstar” en esa cruzada anticorrupción, tan urgente como necesaria.

Aunque ya se cuenta con instrumentos legales e instituciones preventivas anticorrupción —que han sido burladas en muchas ocasiones—, como  la Contraloría General y la Auditoría General del Estado, lo que realmente debería ponderarse es el objetivo de que quienes vayan a ocupar cargos en la administración de recursos, adquisiciones de bienes y equipos de cómputo tengan la mística, visión y convicción de su jefe político. Sólo así se augura éxito.

Y es que para frenar ese cáncer se requiere, entre otras cosas, hacer un estudio-evaluación a efecto de que aquellas personas que tengan contacto con recursos públicos sean certificadas hasta en tres ocasiones, mediante pruebas de confianza, polígrafo y honestidad en su trayectoria de por lo menos 10 años en el servicio público. Claro que sindicatos tendrían mucho qué ver, al promover a su personal con altos valores cívicos y prestigio incorruptible en su desempeño en la función pública. Allí se desarrollaría el embrión de una nueva categoría de servidores públicos, orgullosos de pertenecer a una generación nueva y con valores humanos.

Oportuno sería aprovechar ese torrente de ideas y propuestas que alguien como Luis Carlos Ugalde pueda obsequiarnos a los guerrerenses, para que también se apliquen en las alcaldías que más problemas enfrentan por el fenómeno de la corrupción.

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La barbarie en Acapulco está focalizada en las calles, donde no hay respeto a nada y para nadie. Semáforos inservibles –que para el caso es igual que sirvieran—, cuellos de botella en la zona de hospitales, escuelas, mercados y el paso elevado convertido en un paradero prohibido de urvans, camiones y taxis. Es un desmadre bien organizado.

Desaparecida la Dirección de Tránsito, o convertida en Comisión de Movilidad, que para el caso es igual o peor de inútil, con Israel González Nava, como jefe improvisado y sin conocimientos en la materia. Los transportistas lo ven como un burócrata más que llegó a cobrar, sin desquitar la chuleta.

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El Congreso del Estado volvió a vivir instantes de zozobra, al grado de que los guardias de seguridad interna desplegaron el protocolo de desalojo por un bloqueo de campiranos que atravesaron un automóvil en el acceso al estacionamiento.

Otra vez los diputados salieron despavoridos del recinto. Las prisas por evitar ser rehenes o secuestrados por enardecidos ciudadanos, es resultado de la psicosis creada por la CETEG, los normalistas de Ayotzinapa y otros grupos radicales violentos, pirómanos y proclives al vandalismo.

No hay tranquilidad, como tampoco policías que impidan este tipo de sucesos cotidianos. Se trastoca la vida pública, enarbolando una airada indignación por la falta de justicia, que con sobrada razón se exige. Lo inaceptable es usar el miedo como arma psicológica. Y los policías esta vez, ni se asomaron.