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martes, 5 julio , 2022

Apreza propone seis años de prisión a quien discrimine a personal de salud

El funcionario Héctor Apreza Patrón, durante la sesión de la Comisión Permanente de ayer.

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  • * Héctor Apreza lamentó “el temor y la incertidumbre que existe entre la sociedad se manifieste en agresiones físicas, psicológicas y contra los derechos fundamentales de estos servidores públicos” que están en la primera línea de combate a la pandemia de COVID 19

Gilberto Guzmán

El coordinador de los diputados locales del PRI en el Congreso de Guerrero, Héctor Apreza Patrón, propuso adiciones al Código Penal del Estado para incrementar la penalidad hasta 6 años de prisión a quienes cometan el delito de discriminación en contra del personal de Salud y sus familiares durante una emergencia sanitaria.

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En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles se informó de la presentación de esta propuesta, en la que el legislador argumenta que desde que apareció el virus COVID-19 en México, los médicos, enfermeros y personal de apoyo han permanecido en la primera línea viviendo largas jornadas de trabajo y con pocas o mínimas herramientas.

Sin embargo, lamentó que el temor y la incertidumbre que existe entre la sociedad se manifieste en agresiones físicas, psicológicas y contra los derechos fundamentales de estos servidores públicos que no hacen más que salvar vidas.

Refirió que, aunque en Guerrero no se han registrado agresiones de ese tipo, como legisladores deben generar las condiciones jurídicas que les dé certidumbre a este sector de la medicina, de modo que se desempeñen sin más preocupaciones que cumplir con su misión.

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En ese sentido, planteó adicionar el Código Penal del Estado para establecer que a quien cometa el delito de discriminación contra el personal médico se le impondrá una sanción de hasta cuatro años y medio de prisión y de 225 a 450 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 400 veces la unidad de medida y actualización multa.

Asimismo, al que cometa un delito en contra de cualquier servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión se aumentará hasta tres años más y el delito se perseguirá de oficio.

La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

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