- * El activista de Tlachinollan afirmó que el desalojo violento de normalistas y padres de los 43, el pasado 16 de febrero en Chiapas, fue “ilegítimo, ilegal y violatorio de los derechos humanos”
Alondra García
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, exigió al gobierno federal que no se criminalice a los estudiantes de las normales rurales; en cambio, propuso que se ponga a debate su vigencia.
El activista compartió una reflexión en su cuenta de Facebook; sostuvo que el desalojo violento de normalistas y padres de los 43, por parte de policías del estado de Chiapas, ocurrido el 16 de febrero en Tuxtla Gutiérrez, fue “ilegítimo, ilegal y violatorio de los derechos humanos”.
Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que abra un debate democrático, en igualdad de condiciones y con amplia participación de expertos en la materia y los propios normalistas rurales, sobre la vigencia de las normales rurales.
Lo que no se puede permitir, dijo, es que se siga “persiguiendo y criminalizando” a los estudiantes de las normales rurales del país.
Rosales Sierra se refirió particularmente al desalojo violento de Chiapas y subrayó que los estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá no bloquearon vías de comunicación y únicamente realizaron volanteo informativo en los semáforos de la avenida, lo que puede constatarse en los vídeos del C4.
Añadió que en el supuesto de que hubiese un bloqueo de normalistas, el gobierno de ese estado “debió disuadir la protesta mediante un diálogo y negociación”, pero ese día no recibieron “ni una llamada” de los funcionarios de la administración de Rutilio Escandón, quien llegó al cargo postulado por Morena.
Por el contrario, Rosales Sierra dijo que él mismo buscó a los representantes de los gobiernos estatal y federal momentos antes del desalojo, sin recibir respuestas.
En el supuesto de que fuera necesario contener la protesta, subrayó que la Policía del Estado no debió excederse en el uso de la fuerza disparando las bombas de gas lacrimógeno a la cabeza de los jóvenes.
Indicó que el saldo fue de tres estudiantes fracturados del cráneo, uno de ellos en los huesos de la cara del lado izquierdo, “lo que ilustra una acción deliberada y sistemática de agredir”.
El abogado de Tlachinollan reprochó que el gobierno de Chiapas haya “desplegado un discurso de descalificaciones y criminalización de la Normal Rural de Mactumactzá al más puro estilo de una derecha rancia y decrépita”.