* Abel Barrera presentó en la Ciudad de México un documento en el que se cometieron “múltiples violaciones del debido proceso” en contra de Marco Antonio Suástegui y sus seguidores, acusados de participar en enfrentamientos que dejaron 11 muertos en La Concepción, en Acapulco
JESÚS SAAVEDRA
Como parte de la campaña para pedir la liberación de 16 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), activistas que los respaldan entregaron en las oficinas de la representación del gobierno de Guerrero, en la Ciudad de México, más de 5 mil firmas de ciudadanos que exigen su libertad inmediata.
Mientras eso ocurría, este lunes, esos 16 integrantes del CECOP fueron trasladados del penal de Las Cruces, donde están presos, al Centro de Justicia Integral que se ubica en la zona Diamante del puerto de Acapulco, donde inició el juicio oral en su contra.
Esos 16 integrantes del CECOP, entre ellos su dirigente Marco Antonio Suástegui, están detenidos desde el 7 de enero de 2018, acusados de homicidio calificado, luego de que habrían participado en enfrentamientos que dejaron 11 muertos en La Concepción, municipio de Acapulco.
En la Ciudad de México, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (organismo que acompaña la defensa jurídica de los 16 integrantes del CECOP), Abel Barrera Hernández, acudió entregar las 5 mil firmas que recabaron de ciudadanos que exigen su liberación.
Ahí informaron que esas firmas fueron recabadas en la plataforma internacional “AVAAZ El Mundo en Acción” y que tiene el respaldo de decenas de organizaciones sociales y defensa de derechos humanos del país.
En el documento, Barrera Hernández indica que esos 16 integrantes del CECOP fueron sometidos a un proceso de “criminalización, los 16 han sistemáticamente han negado las acusaciones que se les imputan y denuncian que sean en represalia por su acción legítima y pacífica por el respeto de sus derechos al territorio”.
“Como mexicanos y mexicanas queremos pedirle la liberación inmediata de los 16 indígenas miembros del CECOP, cuyo delito fue defender sus tierras y bienes naturales contra la presa La Parota”, indica el escrito entregado a nombre de esas 5 mil personas.
Sostienen que se han cometido “múltiples violaciones del debido proceso, la tortura y las circunstancias arbitrarias e ilegales de los arrestos demuestran que hay intereses políticos y económicos contra las comunidades que se oponen a la presa. Solicitamos también que cesen los hostigamientos y arrestos arbitrarios de los habitantes de la comunidad de Cacahuatepec”, añaden.
Barrera Hernández dijo que el llamado que hacen es que se “garantice el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y a que, a menos que existan pruebas suficientes, se ponga fin a la criminalización indebida de los integrantes del CECOP”.
Recordó que el 22 de mayo pasado, Tlachinollan presentó ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas el caso de los 25 integrantes del CECOP “que han sido detenidos arbitrariamente”.
Resaltó que el caso “se sumaría así, al patrón de criminalización que ha sido corroborado por el propio grupo de trabajo que, en los últimos años, ha emitido 8 opiniones en las que declaraba la detención en México de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata”.
En las oficinas de la representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México que se ubican en Polanco, fueron atendidos por René Juárez Albarrán encargado de esa oficina en la capital del país.