* Además fueron inhabilitados para ocupar cargos en la administración pública
Rosario García
Mientras el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, anda de tour por todo el estado para asegurar que en su gobierno no hubo irregularidades, el martes la Auditoría Superior del Estado inhabilitó por hasta 10 años para ocupar cargos públicos, a 3 exfuncionarios del organismo operador del agua de Acapulco, Capama, quienes además deberán resarcir 146 millones de pesos cuya aplicación no lograron comprobar durante la administración que encabezó el político perredista.
De acuerdo con el auditor Alfonso Damián Peralta, los exfuncionarios sancionados son Javier Chona Gutiérrez, quien fungió como director general de Capama; Guillermo Adolfo Galeana Salas, director de Finanzas y Administración, y Juan Antonio Ramírez Valle, exdirector de Operación del mismo organismo paramunicipal.
De acuerdo con la decisión de la ASE, los exfuncionarios deberán reembolsar a la paramunicipal los 146 millones de pesos, en los siguientes 5 días, y una vez concluido ese plaza, en los tres días posteriores exhibir a la ASE la ficha de depósito de esos recursos.
De lo contrario, esa instancia dará vista a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal para que inicie el procedimiento de ejecución fiscal correspondiente o embargarles bienes.
Damián Peralta mencionó que no se tiene antecedentes de que por malos manejos en los recursos económicos de paramunicipales se exija el reembolso de una cantidad tan grande.
El auditor consideró que uno de los reclamos más frecuentes de la sociedad es que se castigue a quienes hacen mal uso del dinero público y que lo regresen como una manera de resarcir el daño.
Agregó que además de que se les sigue el proceso resarcitorio, los exfuncionarios municipales también fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos; “en el caso del director general de Capama por 10 años, en el caso del director de finanzas por 9 años y seis meses, y del director de operación por 3 años”.
El auditor mencionó que ese proceso corresponde a la cuenta pública 2016 de Capama, pero continúa el análisis del ejercicio fiscal 2017, de la cual se han notificado los pliegos de observaciones correspondientes, mientras que sobre el de 2018 sigue su proceso de fiscalización.