* Derivado de esas irregularidades detectadas en una auditoría, el órgano de control interno de la Sedatu recomendó demandar ante la PGR a las constructoras que no cumplieron sus contratos, explicó el funcionario federal
Redacción
Entre las negligencias administrativas que detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante la gestión del ahora diputado local Héctor Vicario Castrejón como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2013 y 2014, se encuentran “obras pagadas”, pero “no ejecutadas”, y por eso la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos en la administración pública que se le aplicó.
En declaraciones que hizo al portal Bajopalabra, el actual delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, explicó que luego de practicar una auditoría a la gestión del ahora legislador, la SFP detectó que a algunas empresas encargadas de edificar viviendas para damnificados se les había pagado en exceso, lo que representaba un daño al erario, y por eso recomendó interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Dentro de la Sedatu tenemos una representatividad de la Secretaría de la Función Pública, a través de un órgano interno de control, que en octubre de 2015 inicia una fiscalización, una auditoría a los recursos del Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales) por contratos que se habían ejercido dentro de la delegación y que tenían de alguna manera un vínculo con la coordinación de delegaciones”, señaló el funcionario federal.
Cuestionado sobre cuáles era la negligencia administrativa que se detectó a Viario Castrejón, precisó que se trata de “conceptos de obras pagadas”, pero que no fueron “ejecutadas” por las empresas contratadas.
Armenta añadió que como resultado de esas auditorias, se recomendó a la delegación interponer denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra las empresas constructoras incumplidas, “para que pudiéramos obtener recursos que se habían pagado en exceso y que dañan al erario”.
Reiteró que ya se interpusieron ocho denuncias contra cinco empresas, y que presentarán 12 denuncias más contra igual número de constructoras, por irregularidades en la construcción de viviendas.
Las ocho denuncias contra las empresas fueron por el las irregularidades en el fraccionamiento El Mirador, al sur de Chilpancingo, por obras no ejecutadas y defectos en el proceso de construcción, y advirtió que será la PGR la que deslinde responsabilidades y aplique las sanciones.
Dijo que desconoce a cuánto asciende el daño al erario por el pago de obras que no se ejecutaron cuando Vicario Castrejón estaba al frente de la Sedatu, porque en las auditorias sólo tomó una muestra de los contratos, y de los resultados se decidió la sanción al exfuncionario.
Por otra parte, cuando están por cumplirse cuatro años de las afectaciones por el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta ‘Manuel’, Armenta Tello admitió que no hay fecha para concluir la reconstrucción de viviendas para damnificados.
Aceptó que “hay 2 mil familias que están en espera de recibir un beneficio, entre las que se encuentran daños menores, parciales, y reubicaciones”, pero argumentó que él no es responsable en el retraso de las obras de construcción.
Recordó que cuando llegó a la Sedatu, en noviembre del 2015, el proceso de reconstrucción llevaba detenido ocho meses, y que incluso algunos fraccionamientos estaban clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Para quienes están esperando sus viviendas, no hay otra más que esperar a que el proceso de construcción tome su curso”, dijo.
No hay dinero para el pago a trabajadores del Fonden
Sobre la protesta de trabajadores de la Unidad Operativa del Fonden, quienes ayer tomaron las oficinas de la Sedatu e iniciaron una protesta para exigir el pago de cuatro meses de salario devengado más viáticos, Armenta Tello dijo que buscaría recursos extraordinarios para pagar el adeudo que se tiene con ellos, que asciende a 9 millones de pesos, pues el recurso para quienes hacen trabajos de operatividad del Fonden está agotado.
“El recurso del Fonden está agotado para el asunto de la operatividad, para quienes hacen supervisión, vigilancia integración de expediente. Son 24 trabajadores (a quienes les adeudan sus sueldos) dentro de su honorario y el gasto operativo que incluye viáticos, combustible, y peaje, más o menos 9 millones de pesos, son cuatro meses”, admitió.