Para responder a la creciente crisis de bienestar emocional entre la población joven del estado, la LXIV Legislatura del Congreso de Guerrero aprobó reformas y adiciones a la Ley Número 688 de Personas Jóvenes para otorgar certeza jurídica a la atención prioritaria de la salud mental y mandata la aplicación de protocolos de detección temprana en centros educativos de la entidad.
Al fundamentar el dictamen ante el Pleno, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte, detalló que esta reforma armoniza propuestas presentadas por las legisladoras Leticia Mosso Hernández (Partido del Trabajo) y Erika Isabel Guillén Román (Partido de la Revolución Democrática), con el objetivo de consolidar una política integral de desarrollo y protección para las juventudes guerrerenses.
La relevancia parlamentaria de la reforma reside en el impacto social reportado en la entidad. Durante su intervención, Ortega Jiménez expuso que tan solo en 2025 se registraron en Guerrero 2 mil 737 casos diagnósticos de depresión, 102 intentos de suicidio y 159 casos de ideación suicida entre la población joven.
“Ante esta realidad, el Congreso fortalece la prevención y detección oportuna para que las juventudes puedan recibir atención antes de que los problemas de salud mental se agraven”, apuntó el legislador al defender la urgencia de dotar al Estado de herramientas operativas e institucionales.
Con la adición del Artículo 43 Bis, el ordenamiento legal mandata al Poder Ejecutivo estatal y a las dependencias del sector a garantizar servicios de asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita y accesible en el primer nivel de atención de salud; programas permanentes contra la ansiedad, la depresión, el suicidio y el consumo problemático de sustancias.
Así como la implementación de protocolos obligatorios para la identificación temprana de riesgos en secundarias, bachilleratos y universidades; la creación de líneas telefónicas de atención en crisis, de carácter gratuito, confidencial y disponible de manera continua; y la formación obligatoria en materia de salud mental juvenil y derechos humanos para el personal médico, administrativo y docente.
Además del eje sanitario, la actualización legislativa amplía la carta de derechos de las juventudes en Guerrero. El dictamen contempla el reconocimiento explícito al acceso universal a internet y herramientas digitales, la formación para el empleo digno y el emprendimiento, así como la inclusión intercultural.
Finalmente, el marco normativo blindará a las juventudes frente al acoso, la discriminación y la violencia digital, garantizando de manera paralela su derecho a ser consultadas formalmente en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas destinadas a su sector.