• La gobernadora afirmó que su gobierno es coadyuvante “en lo que a nosotros nos corresponde”

Jesús Saavedra

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseveró que su gobierno coadyuva en el caso de la joven Aurelia, indígena nahua que desde octubre del 2019 está presa en el penal de Iguala acusada del delito de “homicidio en razón de parentesco”, luego de tener un aborto involuntario tras haber sido abusada sexualmente.

Es un asunto que está “atendiendo la Secretaría de la Mujer estamos coadyuvando, revisando el caso”, dijo la mandataria estatal.

Salgado Pineda añadió que resolver el caso de Aurelia compete al Poder Judicial, “sin embargo, coadyuvaremos en lo que a nosotros nos corresponde”.

El caso de la joven Aurelia está por resolverse esta semana en los juzgados de Iguala, cuando se dicte una sentencia definitiva en este caso que ha generado condena de organizaciones de feministas defensoras de derechos humanos.

Aurelia es una joven indígena que vivía en la comunidad Náhuatl de Xochicalco, municipio de Chilapa, donde en 2019, un policía comunitario de la localidad de nombre Plácido Palatzin Tetitlán abusó sexualmente de ella.

Por este hecho, Aurelia quedó embarazada, pero el 1 de octubre del 2019 tuvo un aborto involuntario cuando estaba en su domicilio en esa localidad de la Montaña baja.

Delicada de salud, pues se desangró debido al aborto involuntario, Aurelia fue trasladada de emergencia al Hospital de Chilapa, donde recibió atención médica.

Hasta ese lugar se presentaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes la esposaron, la detuvieron y la trasladaron al penal de Iguala, donde hasta la fecha se encuentra recluida.

La FGE la acusa del delito de “homicidio en razón de parentesco” y a pesar de que las abogadas de Aurelia sostienen que el aborto fue involuntario y no inducido, la FGE mantiene su acusación contra la joven indígena de Chilapa.

En este caso, las abogadas explicaron que el juez, Elgebert Chavarría Pita, la sentenció a 13 años 9 meses de prisión, pero una magistrada revocó la sentencia por encontrar graves irregularidades en el caso.

Entre ellas que no se ha podido acreditar médicamente que Aurelia haya sido responsable de ese aborto, además que en el proceso penal no tuvo asistencia de un traductor para poder entender de lo que se le estaba acusando.

Aurelia tiene 3 años presa en Iguala y este lunes se realizará la última audiencia en los juzgados del penal de esa ciudad, y se prevé que el martes se dicté una sentencia definitiva, y el clamor de las feministas es que pueda obtener su libertad, que se investigue las irregularidades que se cometieron en el proceso judicial y a los funcionarios de la FGE.