• Viridiana Gutiérrez pidió al Congreso del Estado reformar la Ley de Salud para que ese procedimiento médico sea gratuito y sin problemas para mujeres que acuden a practicarse un aborto

Josefina Aguilar 

El Observatorio de Violencias contra las Mujeres (OVICOM) pidió al Congreso del Estado aprobar la reforma a la Ley de Salud para hacer efectivo el acceso de las mujeres a un aborto seguro y gratuito, debido a que a casi seis meses de su despenalización, continúan las irregularidades en el sector salud. 

Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del OVICOM, dijo que luego de las modificaciones al Código Penal del Estado, con las que se despenalizó la interrupción del embarazo hasta las primeras 12 semanas de gestación, ahora se debe reformar la Ley de Salud, porque el plazo de 120 días establecido para hacer esa modificación, ya ha vencido.

Reveló que en el acompañamiento que otorgan a quienes quieren practicarse un aborto, han observado la falta de plazos de atención, porque al no ser una urgencia médica como el producto de una violación, pueden programarlo, pero no demasiado, porque el embarazo avanza y mientras más tiempo pasa, es mayor el riesgo para las mujeres. 

A pesar de existir protocolos con la utilización de medicamentos, la mayoría termina en una intervención quirúrgica, es decir un legrado, el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido se retire o se ofrezca como última opción que coloca a las mujeres en una situación de riesgo, indicó. 

Señaló que tampoco hay una guía clara para las mujeres y adolescentes, no se conocen los requisitos para acceder a una interrupción de embarazo, las clínicas habilitadas con personal capacitado para atenderlas, y sobre todo remarcó, no hay una reglamentación clara entre los Servicios Estatales de Salud y los federales como el IMSS, ISSSTE, Marina, y el militar. 

“Nos han rechazado a varias mujeres del IMSS, argumentando que el Código Penal no los atraviesa a ellos, puesto que son instancias que se rigen por el Código (Penal) Federal, y nos parecer que debe haber una reglamentación para esto porque quienes están en medio de esto, siguen siendo las mujeres”, apuntó Gutiérrez Sotelo. 

También mencionó el caso de al menos dos casos, en los que les exigieron un pago por el servicio en instancias de salud públicas, donde fueron incluso detenidas en administración si no pagaban por el procedimiento, si bien es cierto no excesivo como en un particular, en un caso fue de 4 mil 500 pesos, y otro poco más de 5 mil pesos, cantidad que no tenían para pagar, además de que no debían ya que de acuerdo con el presidente de la república, la salud es un derecho universal gratuito. 

Uno de los argumentos para cobrar, fue que al  ser derechohabientes del Seguro, debieron acudir a una de sus instalaciones, pero para ellas, dichas clínicas están muy alejadas; en cuanto al medicamento, la titular de la Secretaría de Salud, ha dicho que ha dotado de material e insumos. 

Todas estas ilegalidades, han sido superadas por intervención  de la organización, a través de un enlace designado de la Secretaria de Salud, lo cual no debería ser, y estos son los casos que han conocido, seguramente habrá muchísimos más porque las mujeres y adolescentes no saben dónde ni con quien acudir. 

Gutiérrez Sotelo refirió que de acuerdo al registro de su organización, hasta el último corte del 28 de septiembre de este año, habrían otorgado 72 acompañamientos, de los cuales, el 10 por ciento son de otros Estados incluso otros países, y el 90 por ciento restante, son mujeres de Guerrero, de municipios como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, entre otros.