•  La llamada ‘verdad histórica’ que los 43 muchachos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, “fue solo un argumento construido desde el Estado”, asegura ese organismo

Jesús Saavedra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su beneplácito por el informe preliminar que presentó el jueves la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, y recordó que “los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, no prescriben, y su castigo resulta fundamental para la construcción de un auténtico Estado de derecho en México”.

Ese organismo dijo que esos avances en las investigaciones por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, en septiembre del 2014, derivaron en acciones de la Fiscalía General de la República (FGR), como la detención del exprocurador, Jesús Murillo Karam.

En un comunicado difundido el sábado, la CNDH refrendó “su solidaridad” con las madres y padres de los 43 muchachos desaparecidos, y ratificó su “compromiso de acompañarlos hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que desde hace 8 años reclaman”.

Señala que confían que “en esta ocasión el trabajo de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia sea el pertinente para esclarecer los hechos, de manera que todas las personas responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgados y sancionados conforme a derecho”.

Advierte que estará atenta “al desarrollo del proceso, o los procesos que, con motivo de las investigaciones, tengan lugar. Y hacemos un respetuoso llamado a los jueces que están llamados a intervenir, para que no permitan que la impunidad manche estas acciones, fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia, y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado”.

Señala que la llamada ‘verdad histórica’ que los 43 muchachos habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, “fue solo un argumento construido desde el Estado, en complicidad con la propia CNDH, para ocultar los hechos y a quienes estuvieron implicados en ellos, tanto en su ejecución como en su encubrimiento, recurriendo incluso a la tortura de personas y a la alteración o modificación de los escenarios en donde pudieron encontrarse indicios para realizar una adecuada investigación”.

Sostiene que hubo una “colusión que hoy queda acreditada pero que por años se acalló, y que sólo buscaba ocultar los lazos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales, estatales y municipales”.

Indica que en el informe que entregaron a los padres y madres de los normalistas, y difundido el pasado mes de abril, “se estableció que el caso Ayotzinapa es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarca la violencia estructural, las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, por años ejercitadas desde las instituciones del Estado, particularmente por aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la procuración y administración de justicia”.

La CNDH indica que concluyeron “que no hubo un enfoque diferencial y especializado al momento de redactar la Recomendación 15VG/2018 sobre el caso Ayotzinapa y, en especial, al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero y por tanto no se estableció una atención adecuada del caso en concreto”.