Es necesario cambiar las tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas, considera la feminista Marina Reyna

Feministas de Guerrero exigieron que se haga una evaluación de la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y matrimonios forzados en la Montaña, implementada por el gobierno estatal. “Debe de haber una evaluación de esta estrategia en un sentido crítico para saber si funcionó, está funcionando o que más falta por hacer porque de nada sirve que se esté trabajando sino se está atendiendo esta problemática que son los matrimonios forzados o venta de niñas”, consideró Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

El 10 de noviembre del año pasado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda arrancó la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la Montaña, pero después de eso se han registrado varios casos de matrimonios forzados de niñas indígenas.

El caso más reciente es de Ema, de 13 años de edad, que después de que fue obligada a casarse, fue explotada por sus suegros en los campos agrícolas en Jalisco, regresó a Cochoapa el Grande, se escapó y el pasado 28 de abril la suegra la encarceló para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella a su tío y abuelo.

De la Rosa Palafox señaló que aunque su organización no fue tomada en cuenta para integrar el Comité Técnico Interinstitucional, ellas como activistas feministas independientes están pendientes y generando desde sus espacios la exigencia de que se garanticen los derechos de las niñas y de las adolescentes a vivir libres de violencia. “Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen, pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado”, afirmó la abogada y activista feminista.

Insistió en que no es solo el hecho del matrimonio forzado, sino también la violación de los derechos de las niñas que va mucho más allá de su compra-venta. “A los padres, familiares, se les otorga una cierta cantidad de dinero o algunos objetos e incluso animales a cambio de esta unión forzada por parte de una menor de edad”, expresó.

En entrevista telefónica, la activista reconoció que esta práctica que sigue vigente en comunidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica no se va a erradicar en seis meses porque esto es una práctica de usos y costumbres, pero que vulnera los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Consideró que uno de los posibles obstáculos por el que está fallando esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del Gobierno estatal. “Es difícil llegar a las comunidades más recónditos de la Montaña porque aquí ni siquiera están garantizados los servicios más especiales para las mujeres”, aseveró.

Planteó que una de las medidas preventivas que debe de impulsar el Gobierno para erradicar estas prácticas discriminatorias hacia la mujeres la prevención y sensibilización. Por su lado, Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que ojalá la estrategia no sea solo en esta administración. “Tenemos la experiencia que muchos programas son sexenales y no hay una continuidad”, aseguró.

Mencionó que es necesario cambiar esas tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas. Reyna Aguilar también consideró necesario que se evalué la estrategia que las instituciones gubernamentales, entre ellas la Secretaría de la Mujer, están implementando para prevenir y erradicarla violencia de género. Reconoció que extirpar de raíz estas prácticas no será tan fácil y que será un proceso difícil, pero que confía en la voluntad de las autoridades.

El viernes pasado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ presentó un informe en el que señala que en los municipios de la Montaña de Guerrero hay un incremento de asesinatos de niñas indígenas, secuestros a mujeres y niñas indígenas, violaciones sexuales y víctimas de trata con fines de explotación sexual.