La sequía amenaza la subsistencia de aproximadamente 355 mil campesinos y la producción de más de 535 mil hectáreas de maíz en Guerrero, lo que podría detonar un incremento en el precio de la tortilla.
Ante el riesgo de pérdida masiva de cosechas, muerte de ganado, encarecimiento de la canasta básica y el abandono de tierras de cultivo, la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz presentó un punto de acuerdo para exhortar de manera urgente a los tres órdenes de gobierno a implementar un programa integral contra los devastadores efectos del estiaje en la entidad.
Desde la tribuna del Poder Legislativo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI advirtió que la falta de lluvias amenaza con desencadenar una severa crisis productiva, económica y de soberanía alimentaria. Subrayó que el problema afecta tanto al productor rural como al consumidor final, pues la escasez local obligará a importar alimentos de otras regiones, elevando los precios para las familias guerrerenses, especialmente en el caso de la tortilla.
Con base en reportes de organizaciones agrícolas y ganaderas, la legisladora expuso que, además del maíz, la sequía pone en peligro cientos de miles de hectáreas de mango, plátano, guayaba y coco. En el sector pecuario, la amenaza se cierne sobre más de 200 mil cabezas de ganado vacuno y 35 mil cerdos.
Vadillo Ruiz enfatizó que el sector primario padece un severo rezago estructural debido a la falta de infraestructura hidráulica adecuada —destacando que la última presa en la entidad se construyó hace cuatro décadas— y a que desde 2018 no se dota de maquinaria pesada, como tractores, al campo. Por ello, sostuvo que la respuesta institucional debe ir más allá de soluciones coyunturales y avanzar hacia una estrategia de fondo que contemple el almacenamiento de escurrimientos pluviales, la tecnificación y el financiamiento continuo.
El punto de acuerdo, turnado a las comisiones legislativas correspondientes, apela a la corresponsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales para destinar recursos extraordinarios y coordinar políticas públicas inmediatas, bajo la premisa de que la prevención resulta menos costosa que la reconstrucción de la economía rural.