• El contralor Javier García dijo que esto se deriva de denuncias, algunas documentadas, hechas por ciudadanos de Chilpancingo, por casos de abuso de poder, corrupción y acoso sexual en la administración municipal

Josefina Aguilar

El ayuntamiento de Chilpancingo, a través de la Contraloría Interna, mantiene abiertas 12 investigaciones en contra de funcionarios de la actual administración señalados de incurrir en actos indebidos, principalmente abuso de poder, corrupción, acoso y hostigamiento sexual, entre otros, que pudieran derivar en procesos penales, que han sido denunciados a partir de la implementación la línea de denuncias “Alerta Ciudadana contra la Corrupción”.

Así lo informó el contralor Erick Javier García Ocampo, quien explicó que la “Alerta Ciudadana contra la Corrupción” se dio en el marco del impulso de la ética al interior del Ayuntamiento capitalino, el pasado mes de diciembre. 

Dicha estrategia se basa en el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación para que los chilpancinguenses puedan interponer alguna queja o denuncia, debido a que los buzones físicos están prácticamente desfasados y la población no quiere usarlos. 

Explicó que gracias a esta estrategia han iniciado 12 procedimientos que se encuentran en investigación, relacionados con hechos de corrupción, en el mercado municipal, el panteón central, vinculados con malversación de recursos, abuso de autoridad “o fenómenos sobre naturales”, como en el caso del cementerio, donde cada año las tumbas se han venido “recorriendo” o desplazando, “y ahí donde descansan los muertos, se están pasando los vivos”, bromeó. 

Javier García dijo que gracias a este mecanismo de denuncia, es que en diciembre pasado, cuando muchas familias visitan a sus muertos, detectaron muchas irregularidades en cuanto a las tumbas, e iniciaron una investigación única en su tipo, auditando a los encargados, lo que no se había hecho en más de 200 años de historia. 

Señaló que los 12 procedimientos iniciados son en contra de funcionarios y funcionarias municipales que han administrado recursos, no solo económicos, sino incluso de la imagen y percepción que proyectan al proporcionar un servicio. 

Admitió que hay al menos 5 denuncias debidamente sustentadas, siendo las más recurrentes la de abuso de autoridad, corrupción –ofrecer agilizar un servicio a cambio de un dinero, moche o mordida—, acoso y hostigamiento sexual. 

Sin embargo, García Ocampo admitió que estas prácticas no las realizan solo funcionarios municipales, sino también gente externa a la administración municipal, porque detectaron el caso de una persona que pidió dinero con la promesa de una plaza de trabajo en el Ayuntamiento, pero por existir la sospecha de que habría contubernio con algunos servidor público, abrieron un proceso de investigación.  

Cuestionado sobre las sanciones a las que pudieran recibir los funcionarios que eventualmente resultaran responsables, el contralor Municipal dijo que por ley, las contralorías municipales solo pueden aplicar la inhabilitación, destitución del cargo y la amonestación pública o privada. 

Por la gravedad de la falta, también podría turnar el caso al Tribunal de Justicia Administrativa, y si se tratara de un delito del orden penal, como peculado, cohecho, incluso la denuncia podría llegar al ámbito de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los 12 procedimientos iniciados, agregó, continúan el curso de investigación, por lo que no hay sanciones aplicadas.