Jesús Saavedra
La oficina en México de la ONU en materia de Derechos Humanos consideró que a siete años de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es fundamental que las autoridades prioricen la búsqueda de los estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, así como avanzando con la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.
Este domingo a través de un comunicado, señalan que esa oficina de la ONU “brinda un seguimiento cercano al asunto de Ayotzinapa y en el último tiempo ha podido dar testimonio de la importancia de la voluntad política del Estado para el impulso en el caso Ayotzinapa” señaló la Comisionada y Relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de esa oficina en el país dijo que “nadie mejor que las familias saben lo que han tenido que enfrentar en estos siete años de búsqueda de justicia y verdad y el sufrimiento humano que ello conlleva. Que su ejemplo de dignidad y perseverancia sea un recordatorio permanente de la importancia de seguir sumando esfuerzos y lograr avances concretos y confiables que hagan realidad su derecho a la verdad”.
Sostuvieron que gracias al trabajo articulado de las autoridades, con la participación de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, “hoy se conoce nueva información sobre el contexto y la dimensión del ataque ocurrido y las múltiples violaciones a derechos humanos que resultaron de ello. Asimismo, se han logrado avances investigativos relevantes como la identificación positiva de dos estudiantes; se están investigando actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno”.
Manifestaron que la apertura al escrutinio internacional “sienta precedentes positivos para la investigación de los casos de desaparición en México. Resulta de suma importancia transformar los avances logrados en acciones concretas que tengan como objetivo romper el pacto de silencio y los obstáculos para conocer la verdad de lo ocurrido. Al mismo tiempo, destacan que resulta prioritario determinar el paradero de los estudiantes; cumplir con las consignaciones y órdenes de aprehensión y extradición pendientes; impedir filtraciones de información sobre el caso; garantizar la seguridad de víctimas y testigos; y sancionar al funcionariado público que obstaculizó la justicia y cometió violaciones a los derechos humanos durante la investigación”.
Y que en estos siete años en una investigación por graves violaciones a los derechos humanos “tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación. Razón por la cual es necesario que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes”.
Reconocieron “la lucha de las familias y personas defensoras de derechos humanos que las acompañan; así como la destacada labor y compromiso de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa aunado a los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI), se permitió derribar la fabricación de una versión de los hechos que menoscabó las obligaciones internacionales del Estado respecto de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de los estudiantes desaparecidos y sus familias”.
Por lo que manifestaron su “solidaridad con las familias de los 43 normalistas desaparecidos y reiteran que seguirán acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral” y añadieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)continuará prestando la asistencia técnica al Estado en el marco de la medida cautelar 409/14 que aún se encuentra vigente”.
De igual manera, la ONU-DH refrenda su compromiso de continuar brindando asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa, sobre la base de su mandato en el país y del acuerdo suscrito por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el 8 de abril de 2019 en el marco de su visita oficial a México.