- Gloria Alejandra denuncia que su agresor ya fue sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión por intentar matarla, pero que un Tribunal Colegiado retrasa la aplicación de esa pena
Jesús Saavedra
A 36 meses de que su pareja Víctor Manuel Enríquez Lezama intentara asesinarla, Gloria Alejandra Mateos Jiménez continúa a la espera que se cumpla la sentencia de 6 años y 6 meses de prisión, una multa de 425 salarios mínimos y la reparación del daño, que una juez dictó en contra de su agresor.
La sanción corporal y económica dictó la juez Tanya Alfaro Zapata y que ratificó el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, no se han aplicado debido a que el agresor solicitó un amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del XXI Circuito de Acapulco.
Gloria Alejandra ofreció una conferencia de prensa acompañada de defensoras de los derechos de las mujeres en Guerrero, quienes exigieron a ese órgano jurisdiccional que resuelva de inmediato y le niegue el amparo de la justicia federal al agresor, y cumpla con su condena corporal porque no tiene derecho a fianza.
La agraviada sostuvo que han sido 36 meses desde que Enríquez Lezama intentara asesinarla, “pero mi agresor sigue sin pagar su delito, tengo temor que actúe en mi contra porque de manera indirecta les ha dicho a conocidos en común que ‘muerta la perra se acaba la rabia’ y que no va a ir a la cárcel, que no va a pagar nada”.
Gloria Alejandra se quejó de que la justicia proteja a su agresor y que a pesar de ser un delito grave, goce de libertad.
Añadió que “no tengo medidas cautelares, desde noviembre ratificaron la sentencia y estamos en abril, pero no se me hace justicia. Ha pasado tanto tiempo y no he conseguido absolutamente nada”.
Reprochó que “se han burlado de mí por ir buscando una justicia que no existe y que no llega”, y afirmo que “mi vida la perdí hace 36 meses y mientras mi agresor sigue libre impunemente”.
En la conferencia, Eva García Estrada, de la asociación civil Camino con Alas, dijo que los colectivos que acompañan a Gloria Alejandra esperaban que hubiera “justicia pronta” en este caso, pero “en cambio hay una violencia institucional en su contra y las instituciones son las que la han agredido desde hace 3 años cuando intentaron asesinarla”.
Sostuvo que “el sistema” impartidor de justicia “le ha provocado violencia ante el temor de que su agresor esté en libertad, hacemos un llamado al Tribunal Colegiado, le exigimos que actúe en contra de la persona que le provocó violencia. Víctor debe ser sancionado, la no repetición debe ser un tema que deben trabajar las instituciones públicas. Se trata de actuar conforme a las leyes”.
Por su parte, la activista María Luisa Garfias Marín aseguró que el caso de Gloria Alejandra “es un ejemplo de la impunidad que existe en Guerrero y en el país”, porque las autoridades a las que les corresponde garantizar “el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, entorpecen y obstaculizan la garantía del ejercicio de esos derechos”.
Sostuvo que hay “una violencia institucional a la que se enfrentan las mujeres cuando exigen que el Estado cumpla con sus obligaciones”.
Marina Reyna Aguilar dijo que la falta de justicia en el caso de gloria Alejandra “es el ejemplo de lo que está sucediendo en Guerrero. El caso tiene el mismo tiempo de la alerta de género por violencia feminicida, es una sobreviviente de feminicidio y tendríamos que estar observando en las autoridades una transformación a las víctimas y no las observamos”.
Afirmó que hay “omisiones de funcionarios que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Queremos que haya justicia efectiva, no queremos un caso más”, insistió.
La dirigente de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem), Yolitzin Jaimes Rendón, aseguró que era “lamentable que ninguna institución garantice el acceso a la justicia y que está falta de justicia sea una invitación a los agresores a seguir lastimando a las mujeres”.