- Se trata de fincar responsabilidades a policías, exfuncionarios públicos e incluso a militares
Redacción
A diferencia de la entonces PGR, que dirigió su investigación hacia la participación de la delincuencia organizada en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la nueva indagatoria de la Fiscalía General de la República está enfocada en la búsqueda de responsabilidades de policías, exfuncionarios públicos e incluso militares, por lo que reclasificó la indagatoria, del delito de secuestro a desaparición forzada.
Sin embargo, las 80 personas que fueron detenidas en años anteriores —como José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala—, seguirán un proceso por otros delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o secuestro, según sea el caso.
La Unidad Especial en Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que tiene encomendada la investigación de los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre de 2014, en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acontecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, tiene registradas 43 víctimas por desaparición forzada.
Por ese hecho, dicha Unidad tiene abiertas tres carpetas de investigación y tres averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, según informó la propia FGR mediante el oficio de transparencia FGR/UTAG/DG/003662/2020.
En declaraciones que hizo a El Economista, el señor Mario César González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, dijo que “desde el principio” se debió tipificar como desaparición forzada lo que les ocurrió a los normalistas, porque “actuaron policías, ministeriales y el Ejército”, pero “desafortunadamente no lo querían ver así”.
El 13 de noviembre pasado fue detenido el capitán en retiro del Ejército, José Martínez Crespo, acusado por la FGR de presuntos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos, grupo señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes. El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México le dictó formal prisión la semana pasada. Es el primer militar procesado por su vinculación con los hechos de Iguala del 2014.
La FGR también ha detenido a cinco funcionarios de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como presuntos responsables de actos de tortura contra detenidos por la desaparición.
La Fiscalía central también logró una orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la AIC, por delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. Zerón se encuentra prófugo.
De marzo a la fecha, la FGR ha obtenido de jueces 70 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas, y ha detenido a 34 personas, entre policías federales, ministeriales, agentes del Ministerio Público, expolicías municipales de Guerrero, así como integrantes de Guerreros Unidos entre ellos su líder José Ángel Casarrubias Salgado.