* El diputado de Morena presentó un exhorto en ese sentido, pero al no ser de urgente y obvia resolución, fue turnado a comisiones para su análisis

Gilberto Guzmán

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Antonio Helguera Jiménez, presentó una propuesta para exhortar al Ejecutivo estatal a que impulse mejores estrategias para el combate de los factores que inciden en el desplazamiento forzado de familias guerrerenses.

Además, que las acciones que se desplieguen contra el desplazamiento forzado “sean acompañadas de programas gubernamentales que permitan la restitución de los derechos fundamentales de las familias afectadas por la violencia criminal, para acceder a una vida libre de violencia, con desarrollo y oportunidades”.

En la exposición de motivos, el diputado de Morena señaló que la migración y los desplazamientos humanos son un fenómeno mundial desde los orígenes de la humanidad, pero durante el siglo pasado y el presente la migración se ha dado en el contexto de la necesidad de las personas por mejorar su condición de precariedad, para reunirse con sus familias o para estudiar.

Sin embargo, dijo que otros más emigran o se desplazan para escapar de conflictos sociales, bélicos, de persecuciones, del terrorismo o de violaciones o abusos de derechos humanos, mientras que algunos lo hacen como consecuencia de los efectos del cambio climático, como desastres naturales o de carácter ambiental.

Subrayó que “por el fenómeno de la migración y por desplazamiento forzado en la actualidad millones de personas viven en un país distinto de donde nacieron”.

Señaló que la espiral de violencia e inseguridad ha costado la vida a muchos mexicanos, les ha arrebatado su patrimonio a muchas familias, porque delitos como el homicidio, secuestro y extorsión son una constante y al quedar impunes acentúan la frustración, el temor y desconfianza de la sociedad en las instituciones, lo que ha forzado a miles de mexicanos a abandonar sus hogares, su patrimonio, empleos, familias completas en busca de refugio en lugares que suponen más seguros para establecerse dentro del país o en el exterior.

Mencionó que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo no gubernamental, reportó 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas en 2016.

Como consecuencia del desplazamiento los niños dejaron de ir a la escuela, sus padres desempleados no encuentran trabajo, incluso son estigmatizados porque al venir de lugares violentos son hombres o mujeres poco o nada confiables para emplearlos, los niños pueden terminar en condición de calle, y en el mejor de los casos en el trabajo infantil, incluso originar que algunos niños desplazados estén en riesgo de ser recluidos por grupos criminales, advirtió el legislador.

Apuntó que estos grupos de hombres y mujeres desplazados al llegar a otros lugares para establecerse o refugiarse carecen de servicios básicos como salud, alimentación y educación, viviendo en condiciones de precariedad, insalubridad, y sin protección jurídica y asistencia social en general.

Además, dijo que las personas que viven en condiciones de desplazamiento enfrentan efectos sicológicos, pierden miembros de su familia, vecinos y amigos, sufren de perturbación mental, miedo, ansiedad, incertidumbre y desarraigo, sobre todo de rechazo social y problemas de adaptación a su nuevo entorno.

Agregó que en Guerrero la mayoría de los casos de migración y desplazamientos son generados por causas de carácter económico, pobreza y violencia, lo que ha propiciado que haya más de un millón y medio de guerrerenses radicandos en varias ciudades de los Estados Unidos de América.

Añadió que el desplazamiento forzado incluye la salida de grupos o comunidades enteras cuya vida están en riesgo en todos los aspectos, son más vulnerables, con una vida de incertidumbres, y además “estigmatizados”.

Detalló que las regiones donde se registran mayor número de casos de desplazamiento son la zona serrana de los municipios de San Miguel Totolapan, Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Apaxtla de Castrejón y Chilapa de Álvarez, donde la gente afirma haber huido de sus lugares de origen ante la extorsión de organizaciones de criminales, quienes les cobraban cuotas por todo y los amenazan de muerte cuando ya no podían pagarles, y otros más fueron asesinados.

“Y que las acciones que realicen estén también acompañadas con programas gubernamentales necesarios que permitan la restitución de todos los derechos de las familias de desplazados, para vivir una vida libre de violencia y de pleno desarrollo y de oportunidades, garantizando su alimentación, salud, vivienda, integridad, agua, educación y seguridad”.

Inicialmente, el diputado Helguera Jiménez enlistó la propuesta para que se desahogara como asunto de urgente resolución en la sesión de este martes, pero al final determinó que fuera enviado a comisiones, y la Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Derechos.