* Pese a la presencia de fuerzas castrenses, de enero a septiembre de este año se registraron alrededor de 220 asesinatos y más de 100 desapariciones de personas, informó el organismo no gubernamental

* “Absurdo” que la SEG aún maneje la justificación de que el cierre de escuelas se debe al temblor del 19 de septiembre, criticó Manuel Olivares Hernández

 

ALONDRA GARCÍA

 

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, cuestionó la labor del Ejército en el combate a la delincuencia, pues advirtió que en Chilapa, “uno de los municipios más militarizados”, posee también “el mayor índice de criminalidad”.
Informó que de enero a septiembre de este año se registraron alrededor de 220 asesinatos y más de 100 desapariciones de personas.
Dichas estadísticas, dijo, “no se explican” de otra manera más que por “la corrupción y complicidad de gobernantes y autoridades de los tres niveles de gobierno, con los diferentes grupos que se disputan el control del territorio”.
Olivares Hernández destacó que “para nadie es un secreto la crisis que se ha vivido en el sector del transporte público en Chilapa, el cual después de sufrir el asesinato de varios choferes y el incendio de varias unidades, ha suspendido por varios días y en distintos momentos el servicio”.
Indicó que esta situación ha ocasionado graves daños económicos, tanto para los usuarios del transporte público, como para las familias de los choferes.
Además, puntualizó que “el accionar de los grupos de la delincuencia organizada ha provocado, por medio de amenazas, que más de 600 planteles educativos de la Montaña baja se encuentren cerrados desde el 20 de septiembre” y que “alrededor de 60 mil estudiantes no tengan clases desde entonces”.
El activista reprochó que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) aún maneje la justificación “ya absurda” de que el cierre de escuelas se debe al temblor del 19 de septiembre. Dijo que con ese argumento la autoridad está “insultando la inteligencia de la ciudadanía”.
Olivares Hernández aseveró que las autoridades, lejos de garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad, han implementado “estrategias rezagadas que sólo abonan a la simulación en los municipios más violentos del estado, pues a pesar de que se encuentran repletos de policías estatales y militares, la criminalidad incrementa”.
Señaló que “todos los días hay cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo)”, de personas que son “asesinadas con lujo de violencia”.
El director del Centro Morelos denunció que la tarde del sábado sostuvo una discusión con un grupo de militares que se encuentran en el retén del crucero de Ayahualulco, el cual, señaló que “de manera sospechosa muchas veces los militares se retiran”.
Relató que al pasar por el retén militar lo invitaron “de manera tajante” a someterse a una revisión vehicular: “La cantaleta es la común, pero el tono imperativo no admite objeciones y ante la justificación de que ‘es por su seguridad’, accedí a la revisión, diciéndome que acompañara al elemento para que verificara que no se me perdía nada. Al concluir ésta, les comenté que deberían de tener la orden por escrito. Entonces uno de ellos que, por el aspecto debe ser algún oficial, molesto me dijo que la orden por escrito la tenía el comandante allá arriba, señalando con la cabeza la parte alta del módulo de vigilancia”.
También narró que el oficial le dijo que, al ser militares, “podían detener y revisar cualquier vehículo que les pareciera sospechoso”.
“Entonces yo le dije que se necesita una orden por escrito y ya molesto me dijo: nosotros somos militares y no tenemos por qué obedecer la orden de ningún juez”, contó.
Por ello, Olivares Hernández consideró que el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación “dejaron en manos del Ejército la seguridad pública, aún por encima de las autoridades civiles”.
El activista destacó que los crímenes cometidos por el Ejército contra la población civil son la muestra más clara de la inexistencia de un Estado de Derecho, con el cual las autoridades justifican el control social a través de la fuerza.
El defensor de los derechos humanos también se refirió al Pacto por la Seguridad que convocó recientemente el gobernador Héctor Astudillo Flores.
“Esperamos que incluya a los poderes fácticos, ya que no puede combatirlos”, sentenció.
Asimismo, dijo que hay que estar expectantes de la estrategia que se implemente en ese pacto para combatir la corrupción y la impunidad, problemáticas que calificó como “dos de los jinetes del apocalipsis que azotan al pueblo”.