* Afirmó que la UPOEG ha incurrido en acciones que reprueba, “no sólo el gobierno, sino la sociedad, los acontecimientos están ahí y lamentablemente los señalan como los responsables de la masacre de Cacahuatepec"
Jesús Saavedra
El jefe del Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, afirmó que no va a caer en las "provocaciones" del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, a quien le recordó que hombres armados de esa agrupación participaron en una masacre en el poblado de San Pedro Cacahuatepec, en la zona rural Acapulco.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, insultó el fin de semana al gobernador, de quien dijo que “es un tonto" y que “no sabe lo que dice", al referirse a la iniciativa de ley que mandó al Congreso del Estado para reformar la ley 701 sobre Derechos y Cultura Indígena.
Astudillo Flores le hizo la convocatoria a Plácido Valerio y a la UPOEG "a que se ajusten a la ley”, y advirtió que “no podemos dejar en alto los abominables crímenes que se cometieron en Cacahuatepec", el pasado 9 de junio, en un hecho en el que perdieron la vida siete personas, entre ellas dos niños y tres mujeres.
"No se puede dejar de tener memoria frente a acontecimientos que están ahí, que lamentablemente los señalan (a policías de la UPOEG) como los responsables", añadió el gobernador.
Héctor Astudillo aseveró que no tiene interés en confrontarse con el dirigente de la UPOEG y dijo que “no es respondiendo a descalificaciones, a provocaciones de quienes pretenden responsabilizarse de acciones que no les corresponden y que han incurrido en acciones que son reprobadas no sólo por el gobierno, sino por la propia sociedad".
Además se comprometió con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a tener un diálogo para debatir la iniciativa que presentó sobre la reforma a la Ley 701.
"Habrá un diálogo, con sensibilidad y respeto de nuestra parte, a efecto de encontrar un camino jurídico" que reencauce el accionar de las policías comunitarias.
“Se le subió la soberbia” a
Beatriz Mojica, afirma el
secretario general del PRD
* Llamó a la secretaria general del sol azteca a “abonar a la unidad” y cuidar sus declaraciones porque “muchas veces se ve que actúa sin pensar tanto las cosas o sin medir la reacción que puedan tener sus comentarios”
Alondra García
El secretario general del PRD en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, consideró que “se le subió la soberbia” a la secretaria general del partido a nivel nacional, Beatriz Mojica Morga.
En una entrevista para el programa Tragaluz, Mojica Morga negó su amistad con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y se refirió a él como “un conocido”.
“Lamento que la secretaria general del partido se refiera a Ángel Aguirre como un simple conocido. Creo que un conocido es alguien que se ve muy espontáneamente, pero cuando formaste parte de su gabinete, cuando asististe a eventos políticos o sociales en más de tres ocasiones, no se trata de un simple conocido”, expresó Catalán Bastida en entrevista con El Sol de Chilpancingo.
Consideró que el “deslinde total” de Mojica Morga hacia Aguirre Rivero está fuera de lugar, ya que su carrera política estuvo impulsada por el ex mandatario guerrerense y gracias a él fue candidata del PRD a la gubernatura de Guerrero.
Recordó que Mojica Morga ocupó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Aguirre Rivero, lo que le dio proyección política en toda la entidad.
“Una de las secretarías más importantes (…), ahí se ve todo. Yo creo que de no haber sido secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica difícilmente hubiera podido ser candidata a la gubernatura”, señaló Catalán Bastida.
Incluso afirmó que la Secretaría de Desarrollo Social le permitió a la perredista “recorrer el estado llevando apoyos y beneficios a la gente que más lo requiere”.
Eso, dijo, “sin duda alguna le abrió un panorama para ser ubicada por la población y por la sociedad”.
Por ello, insistió en que “la soberbia es mucha” por parte de Beatriz Mojica Morga, al desmarcarse de Aguirre Rivero.
“No sé si es desagradecida, pero por lo menos está demostrando una deslealtad. Simplemente el negar a una persona que le brindó, que le ayudó y le dio la plataforma para que creciera políticamente es algo que no se debe hacer”, expresó Catalán Bastida.
Consideró que la reciente incorporación de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG) a la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) “seguramente puso sensibles a los dirigentes de Nueva Izquierda a nivel nacional y sobre todo en el ámbito local”.
“Nosotros (IPG) ratificamos el domingo en un evento muy importante nuestra militancia en el PRD. Somos una expresión que se generó y se fundó de la mano de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, y obviamente le tenemos mucho agradecimiento al ex gobernador y lo consideramos amigo”, expuso.
Asimismo, señaló que si bien el ex mandatario ya renunció al PRD, “no ha renunciado a su vocación política”.
“Nosotros estamos conscientes del peso político que él representa y somos más, muchos más, los que estamos orgullosos de tenerlo como amigo. Creo que el gobierno de Ángel Aguirre fue una época en la que se le abrieron más posibilidades a los perredistas y se fortalecieron cuadros políticos al igual que grupos. Yo creo que de no haber sido Beatriz Mojica la secretaria de Desarrollo Social, difícilmente hubiera podido ser candidata a la gubernatura”, sentenció el secretario general del PRD en Guerrero.
Por ello, hizo un llamado a Mojica Morga a “abonar a la unidad” y cuidar sus declaraciones porque “muchas veces se ve que actúa sin pensar tanto las cosas o sin medir la reacción que puedan tener sus comentarios”.
“Nosotros creemos que el aguirrismo va más allá de partidos. Creo que eso está demostrado, que la fuerza política del aguirrismo va a ser de suma importancia para los proyectos del 2018 y sin duda alguna, acercándose los comicios, seguramente ahora sí le resurgirán a Ángel Aguirre Rivero muchas amistades”, sentenció.
Congreso ordena
auditar a la CAPAMA
* El PRD propuso ampliar la revisión a las administraciones de Manuel Añorve y Luis Walton, pero el bloque PRI-Verde bloqueó la adición
Gilberto Guzmán
Entre cuestionamientos por parte del PRD, por considerar que la maniobra tiene fondo electorero de cara al 2018, el pleno del Congreso del Estado aprobó que la Auditoría General del Estado (AGE) audite el manejo de los recursos financieros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), durante el ejercicio fiscal 2016, y presente las denuncias penales si detecta actos de corrupción de los funcionarios que administran el organismo.
La propuesta fue presentada como asunto de urgente resolución por cuatro integrantes de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del Estado: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, Mauricio Legarreta, del Partido Verde, e Isabel Rodríguez Córdoba, del PRI, y leída en tribuna por el presidente Samuel Reséndiz Peñaloza, también priísta.
La única que no se sumó a esta propuesta fue la diputada Silvia Romero Suárez, del Partido de la Revolución Democrática, secretaria de la mencionada comisión.
En su argumentación, Reséndiz explicó que el objetivo es instruir a la AGE para que evalúe el desempeño y audite el ejercicio de los recursos que le fueron asignados a la CAPAMA en el año 2016.
Dijo que la auditoría se solicita porque son muchos los señalamientos sobre actos de corrupción y el desorden administrativo que, afirma, impera en la CAPAMA.
Además, señaló que en su reciente comparecencia ante diputados locales, el director de la CAPAMA, Javier Chona Gutiérrez, “vino y no respondió absolutamente nada, ante los actos concretos y señalamientos sobre los actos de corrupción y la mala administración que impera en el organismo”.
“Los cuatro diputados que presentamos este punto de acuerdo ante ustedes, creemos necesaria y urgente esta auditoría”, dijo el legislador.
El diputado solicitó que se tramitara como de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo: “Único: El Congreso del Estado de Guerrero instruye a la Auditoría General del Estado para que evalúe el desempeño y audite financiera, presupuestaria y técnicamente el ejercicio de los recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2016 a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), y de manera especial para que detecte y en su caso denuncie ante la Fiscalía General del Estado posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos adscritos a este órgano operador”.
Protegen administraciones de Walton y Añorve en CAPAMA
Como parte del procedimiento legislativo, por mayoría calificada los diputados priístas y sus aliados del Partido Verde aprobaron como de urgente resolución la propuesta, y en la etapa de discusión subió a tribuna el diputado perredista Ociel Hugar García Trujillo para fijar postura por el PRD y proponer una adición al punto de acuerdo.
Acusó que los priístas utilizan nuevamente la tribuna del Congreso con un objetivo “faccioso y electorero”, en referencia a los ataques sistemáticos de algunos diputados del PRI y del Movimiento Ciudadano contra la administración del alcalde Evodio Velázquez en Acapulco.
Les cuestionó que “si ya tienen documentadas las irregularidades en contra de la administración de CAPAMA, ¿por qué no presentan las denuncias y las pruebas correspondientes ante las instancias correspondientes? (sic)”.
García Trujillo dijo que la propuesta de Samuel Reséndiz “resulta absurda y tendenciosa” porque le solicitan a la AGE que realice los trabajos que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas le obliga en términos constitucionales y legales.
Agregó que quienes promueven este punto de acuerdo desconocen que la ley obliga a las entidades que manejan recursos a entregar a la Auditoría General los datos, libros e informes, documentos comprobatorios y justificativos del ingreso y gasto público, y demás información que resulte necesaria para los fines fiscalizables.
Además, que la misma ley dispone que las cuentas públicas sean entregadas a la AGE a más tardar el último día de febrero del año siguiente al ejercicio fiscal que se informe.
“Como puede advertirse, se pretende (abrir) una cortina de humo en este tema, (porque) la CAPAMA ha entregado la información relacionada sólo con el año 2016 y no de los periodos en que gobernó el PRI y Movimiento Ciudadano, (…) los diputados del PRI, integrantes de la Comisión de Auditoría General del Estado, saben que CAPAMA fue utilizada como caja chica”, indicó.
Ociel García sugirió a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la AGE que soliciten a la Auditoría General los pliegos de observaciones de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, donde se solicitan aclaraciones de diversas irregularidades dentro de dichos ejercicios presupuestales de los últimos dos directores de Finanzas de la CAPAMA, uno de ellos hermano de un diputado que no está presente”, en referencia a Marcos Ernesto Cueva Ruiz –hermano del diputado del Partido Verde Eduardo Ignacio, ausente de la sesión— que fue removido de sus funciones por presuntas irregularidades.
Añadió que si los diputados realmente quieren profundizar en la auditoría financiera a CAPAMA, permitieran que se agregara una adición para que el acuerdo quedara de la siguiente forma:
“Único: El Congreso del Estado de Guerrero requiere un informe especial a la Auditoría General del Estado de Guerrero, que contenga los resultados de auditoría de la CAPAMA correspondiente al periodo 2009-2016, así como las acciones penales y resarcimientos financieros que haya realizado por la comprobación de los hechos ilegales”.
En el periodo del 2009 al 2016, gobernaron Acapulco el priísta Manuel Añorve Baños (2009-2012) y el dirigente de Movimiento Ciudadano Luis Walton Aburto (2012-2015), jefes políticos de los principales promotores de la auditoría: Añorve de Samuel Reséndiz y Walton de Ricardo Mejía.
“Así debería de ser, compañeros, lo demás es pura cortina de humo; si quisiéramos llegar al fondo del asunto, deberíamos estar preocupados por lo que ha acontecido en CAPAMA. CAPAMA dejó de ser la caja chica porque se lo robaron muchos sinvergüenzas y en ese tiempo nadie alzaba la voz”, agregó.
Subió después Ricardo Mejía Berdeja, vocal de la Comisión de Vigilancia de la AGE, a decir que el asunto no es electorero, sino un tema de finanzas, transparencia, rendición de cuentas y ejercicio responsable y honesto de los recursos públicos.
Se sumó a la postura de Samuel Reséndiz en el sentido de que el director de la CAPAMA, durante su reciente comparecencia (19 de julio), se mostró incompetente y evidenció que no tiene el control del organismo, además de justificar actos de corrupción.
El director de la CAPAMA trató de justificar el no pago de convenios con la Comisión Federal de Electricidad, lo cual hace urgente una revisión de las finanzas de la paramunicipal.
Regresó entonces a la tribuna Ociel García, “para rectificación de hechos”. Dijo que la propuesta de los diputados encabezados por Samuel Reséndiz representa una violación a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, porque actúan por consigna en contra del alcalde Evodio Velázquez.
“No, diputados. Nadie les cree. Yo he preguntado con la gente y nadie les cree y no les van a creer. Se quieren pasar la ley por el arco del triunfo, así están enmañados (sic)”.
Entonces, la presidenta de la Mesa Directiva, Silvia Romero sometió a votación la propuesta de la Comisión de Vigilancia y fue aprobada por mayoría de votos; pero la propuesta de adición presentada por el perredista Ociel García fue rechazada.
Así, con el clásico mayoriteo, el bloque PRI-Verde evitó que la auditoría a la CAPAMA se ampliara a las administraciones de Manuel Añorve y Luis Walton.
ESPANTADOS Y PREOCUPADOS POR LA VIOLENCIA
Exigen transportistas
una audiencia con el
gabinete de seguridad
Alondra García
Los concesionarios del servicio público de transporte de Chilpancingo demandan una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores y con el gabinete de seguridad, para establecer estrategias que permitan blindar tanto a los choferes como a los usuarios de urvans, taxis y camionetas mixtas.
La noche del martes 25 de julio, un presunto grupo delictivo robó cuatro taxis y agredió a sus choferes. Uno de ellos quedó herido de gravedad.
Dos de los vehículos fueron incendiados y un tercero recibió varios impactos de bala.
Esta situación obligó a los transportistas a parar actividades durante la madrugada del miércoles, al considerar que no existían condiciones de seguridad.
La mañana de ayer, los líderes de varias organizaciones afiliadas al Consejo del Autotransporte del Estado de Guerrero se reunieron afuera del mercado “Baltasar R. Leyva Mancilla”, para poner pintas en los medallones de las unidades.
"Audiencia Sr. gobernador" y "Queremos seguridad", fueron algunos de los mensajes que los transportistas colocaron en sus vehículos.
María Eugenia Salgado Guzmán, vicepresidenta del Consejo del Autotransporte, informó que la exigencia principal es una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores y con el gabinete de seguridad, "para establecer una estrategia y blindar al transporte público y al usuario".
Advirtió que 2017 ha sido "el año más violento para los transportistas", ya que en un solo mes asesinaron a cuatro de sus compañeros.
Salgado Guzmán indicó que este año han asesinado a más de 10 choferes de urvans y taxis; del año pasado a la fecha han sido más de 20.
De lograr la audiencia con el gobernador y el gabinete de seguridad, detalló que el Consejo presentará tres planteamientos concretos.
El primero, dijo, es que la Fiscalía General del Estado informe sobre las indagatorias y carpetas de investigación que se han abierto por los homicidios de más de 20 transportistas.
El segundo planteamiento será la instrumentación de una estrategia especial de seguridad para el transporte público.
Salgado Guzmán señaló que el Consejo del Autotransporte ya ha realizado esta petición tanto al gobernador como al alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, sin que hasta el momento se haya concretado.
El tercer planteamiento es la instalación de cámaras de seguridad y chips satelitales de localización en todas las unidades de transporte público.
"El planteamiento es ser los ojos y los oídos en toda la capital (…). El transporte público quiere participar y está activo en el tema de seguridad. Como realizamos los operativos en el transporte público es para brindar un servicio de calidad, pero también están encaminados para la seguridad del transportista, del chofer y de los usuarios", expuso.
Sobre el robo, quema de unidades y agresión a choferes ocurrido la noche del martes 25 de julio, María Eugenia Salgado Guzmán consideró que fue "un acto de terrorismo".
Recordó que de manera casi simultánea a los hechos comenzó a circular en las redes sociales un presunto comunicado de la delincuencia organizada.
"Está tan bien redactado y sin faltas de ortografía, que me sorprende que sea de la delincuencia organizada", señaló.
Asimismo, destacó que el comunicado "tenía los puntos, las ubicaciones exactas donde estaban siendo atentados los compañeros, cuando ni siquiera la autoridad ni los transportistas que estaban al pendiente tenían conocimiento".
La secretaria general del Consejo del Autotransporte consideró que dicho comunicado "es una línea de investigación importante y contundente para dar con los responsables de los actos delictivos que se cometieron esa noche".
Dijo que las unidades incendiados fueron "pérdida total", lo que representa un gran golpe para la economía de las familias tanto de los permisionarios como los trabajadores del volante.
"En Chilpancingo tenemos los salarios más bajos y somos la ciudad más cara a nivel nacional. El seguro que los transportistas podemos pagar es por daños a terceros, así que cuando nos roban o nos destruyen una unidad tenemos una pérdida tremenda en nuestro patrimonio", expuso.
Por su parte, el líder transportista Moisés Garibay informó que en los últimos meses ha incrementado la violencia y los ataques hacia el servicio público.
"Nos han estado asaltando, no hay seguridad, el servicio público no tiene seguridad y los policías ya han dejado de ir a las colonias", comentó.
Por ello, dijo que solicitarán al gobernador del estado que la Policía Estatal instale retenes y casetas de vigilancia en las colonias y que se redoble la vigilancia principalmente en las noches "para que haya menos problemas en el servicio público, asesinatos, quemazón de vehículos".
Puntualizó que en Chilpancingo hay circulando 808 taxis y 762 furgonetas comúnmente conocidas como urvans, distribuidas en 260 rutas.
Piden proteger derechos
de niños en orfandad a
causa de la delincuencia
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— A propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que garanticen el ejercicio, protección y restitución de sus derechos cuando quedan en la orfandad con motivo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
La diputada federal, Guadalupe González Suástegui, integrante del grupo parlamentario del PAN, dijo que es grave el estado de vulnerabilidad de las y los niños que pierden a sus padres por la situación de violencia, y los colocan en una inestabilidad familiar.
Es necesario establecer políticas de protección para los infantes que quedan huérfanos, debido a que hasta ahora no se les ha brindado ningún tipo de apoyo, cuando quedan en total desprotección.
Consideró la necesidad de impulsar acciones eficientes para que las niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas de la violencia sean tomados en consideración, ya que en muchas ocasiones se encuentran en el desamparo, lo que obliga a las autoridades a actuar en diferentes vertientes.
La dictaminadora dio cuenta de la información sobre las situaciones de violencia e inseguridad ocasionadas por la delincuencia organizada, las cuales se expresan en diversas regiones del país con formas de violencia física, psicológica y sexual que involucran a distintos actores, como son las niñas, niños y adolescentes.
De esta manera los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, compartieron la preocupación por el hecho de que la violencia ha dejado un gran número de infantes abandonados por la pérdida de sus padres.
Debido a ello, la diputada federal dijo que están convencidos de que la niñez y adolescencia mexicana, como grupo fundamental de la sociedad debe recibir la protección integral, el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar por parte de las autoridades federales.
OFRECE EL GOBERNADOR ASTUDILLO
Deudos de policías muertos en
Ahuacuotzingo serán apoyados
Jesús Saavedra
El gobierno del estado apoyará a los deudos de los policías municipales de Ahuacotzingo que fueron asesinados en un asalto el lunes pasado, en un hecho en el que ya hay avances en las investigaciones para que sea aclarado este ilícito, aseveró el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El mandatario estatal también volvió a hacer el exhorto a los 81 presidentes municipales para que sean más responsables con el tema de seguridad y de los policías municipales, pues dijo que tiene conocimiento que la mayoría trabajan sin la cobertura social y laboral que están obligadas las autoridades a otorgarles.
Este jueves Astudillo se refirió nuevamente al asalto a un convoy de policías de Ahuacotzingo que resguardaban a dos personas –empleados del Bansefi— que trasladaban casi un millón de pesos para pagar apoyos a beneficiarios del programa Prospera, y que dejó un saldo de siete personas muertas y una más herida.
Dijo que la Fiscalía General del Estado ya tiene indicios de quienes habrían sido los responsables de este múltiple asesinato y que se reserva el derecho de darlo a conocer para no entorpecer las investigaciones. "Hay datos importantes", dijo.
Añadió que pidió también a la Fiscalía que se le dieran las facilidades a los deudos de las víctimas para que se les entregaran los cuerpos y evitar los trámites burocráticos debido a la tragedia que están viviendo.
Se refirió al hecho que los policías estuviesen laborando sin seguro de vida y sin las prestaciones laborales a las que tienen derecho, "hay que ser solidarios porque nos enteramos que los policías no tienen seguros de vida, debemos ser sensibles y ver la manera de ayudarles".
Dijo estar seguro que no debe ser el único caso de que policías municipales laboren sin seguros de vida y prestaciones laborales, "es un buen momento para revisar las condiciones en que están (trabajando) los policías municipales, hay que retomar este tema derivado de estos lamentables acontecimientos".
Astudillo anunció que se hará una revisión de la situación de las policías municipales a través del secretariado ejecutivo de Seguridad Pública a fin de tener un diagnóstico real y claro del asunto.
Agregó que con el alcalde panista de Ahuacuotzingo, Gerzaín Hernández, ha platicado telefónicamente en dos ocasiones a raíz del asalto y aunque "no he platicado del tema de los seguros de vida de los policías y de la asistencia social, nosotros vamos a ayudarles".
Consideró que se debe de saber el motivo por el que los presidentes municipales están contratando policías municipales sin otorgarles las prestaciones de ley mínimas.
"Hay que recordar que los presidentes tienen un fondo de seguridad que funciona para este tipo de acciones, he convocado y he demandado una participación más comprometida de los presidentes con los cuerpos policiacos", además también de reclamar que la policía, en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades, actúe y colabore en el combate a la delincuencia.
También el gobernador dio a conocer que luego del enfrentamiento entre delincuentes y policías federales el pasado martes en Chichihualco, se ha desplegado un operativo en esa zona para tratar de atrapar a los agresores.
Sacan toneladas de basura,
sólo de 3 alcantarillas cerca del
mercado “Baltasar R. Leyva”
Alondra García
Elementos de Protección Civil municipal extrajeron seis camiones de basura y material pétreo de tres alcantarillas en la calle 21 de Marzo, a un costado del mercado “Baltasar R. Leyva Mancilla”.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Chilpancingo, Gustavo Vela Guevara, informó que fueron necesarios dos días de trabajo, dos camiones de volteo, un camión vactor, una retroexcavadora y 15 trabajadores para desazolvar las tres alcantarillas.
En entrevista con “El Sol de Chilpancingo”, explicó que el azolve del drenaje fue causado por la basura que los vendedores ambulantes y semifijos vierten en las alcantarillas.
Detalló que los trabajadores de Protección Civil extrajeron cueros de pollo, vísceras de pescado, bolsas de plástico, foami para arreglos florales, frutas y verduras podridas y demás basura generada por el ambulantaje.
Además, señaló que una mujer construyó dos locales y una vivienda sobre la alcantarilla que se ubica en el cruce de la calle 21 de marzo Con la avenida Insurgentes.
“Ya tratamos de dialogar con ella. Este puesto nos causa muchos problemas porque el arrastre pluvial que viene de arriba trae material pétreo y basura y su puesto funciona como una red en la que se acumula todo”, explicó.
Asimismo, Vela Guevara señaló que lo que se supone es un puesto semifijo, en realidad oculta una vivienda con una cocina equipada con un tanque de gas, estufa e instalación eléctrica, lo que supone un riesgo para los cientos de ciudadanos que todos los días visitan el mercado central de Chilpancingo.
Comentó que como secretario de Protección Civil ya trató de dialogar con la dueña de la vivienda.
“Nos maltrató bastante, nos recordó a varios familiares. Es verdaderamente difícil tratar con ella. Pero es un riesgo, más por el tanque de gas”, expuso.
Por ello, dijo que platicará con las autoridades del mercado central para que sean ellos quienes se encarguen del asunto.
Vela destacó que con los trabajos de desazolve que realiza la Coordinación de Protección Civil “se demuestra que el Ayuntamiento está haciendo lo suyo, que los compromisos del alcalde Marco Antonio Leyva Mena se están cumpliendo”.
DENUNCIA EL PRD EN EL CONGRESO
Uso faccioso a tribuna
por el PRI y aliados
* Aprueban todo contra gobierno de Acapulco, pero bloquean comparecencias de funcionarios y representantes priístas, acusa la coordinadora parlamentaria
Gilberto Guzmán
La coordinadora del PRD en el Congreso del Estado, Erika Alcaraz Sosa, acusó al bloque mayoritario de diputados del PRI y sus aliados de utilizar facciosamente la tribuna parlamentaria para atacar al alcalde de Acapulco, el perredista Evodio Velázquez, y bloquear las solicitudes de comparecencia de funcionarios y representantes priístas como el Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, que tienen mucho qué informar sobre diversas problemáticas.
En su participación en tribuna, al final de la primera sesión de este jueves, la diputada señaló que en días pasados el director de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Acapulco, Javier Chona Gutiérrez, compareció ante diputados en una accidentada sesión en la que quedó claro “los fines partidistas y electoreros” contra el gobierno municipal de Acapulco”.
Agregó que las intervenciones de sus compañeros legisladores “oscilaron en las clásicas acusaciones de corrupción, ineficiencia y manejos discrecionales de los recursos públicos de la institución”.
Sin embargo, dijo que es la fecha en que quienes hicieron esas acusaciones no han presentado denuncia que sustente las incriminaciones.
“El uso faccioso de la tribuna parlamentaria ha sido utilizado en esta legislatura por el bloque mayoritario, quienes no tienen ningún recato de aprobar con carácter de urgente todo lo que tenga que ver en contra del gobierno de Acapulco, y deliberadamente negar la aprobación de cualquier tema propuesto por el PRD”.
No obstante, abundó, “que sean temas de gravedad, que traten de los hechos como lo acontecido en el penal de Las Cruces, al cuidado del Gobierno del Estado (el pasado 6 de julio cuando fueron asesinados 28 presos), o la denuncia de un contrato vergonzoso de los parquímetros de la ciudad de Chilpancingo… están en la congeladora de la Junta de Coordinación Política, pretendiendo su olvido”.
La diputada señaló que la estrategia de seguridad pública del gobierno estatal ha sido calificada como un fraude por parte de la ciudadanía, porque “Guerrero sigue ubicado en el primer lugar de asesinatos a escala nacional, conforme al informe del Sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.
Acusó que la administración de los reclusorios de la entidad es la punta de la corrupción, la simulación y la impunidad del Sistema de Justicia Penal, porque “el verdadero control de las instituciones la tiene el crimen organizado”.
Alcaraz dijo que es urgente para la sociedad de Guerrero, principalmente para las familias, que se informe el número real de muertos, heridos y en su caso desaparecidos; las causas que motivaron la trifulca, las condiciones técnicas y humanitarias en que se desarrolla la ejecución de las penas en cada uno de los reclusorios de la entidad y las acciones realizadas después de los lamentables hechos del pasado 6 de julio en el penal de Las Cruces.
Otro tema que tocó la diputada fue la denuncia de organizaciones civiles de Chilpancingo contra la firma del Contrato de arrendamiento celebrado entre la administración municipal anterior encabezada por el priísta Mario Moreno Arcos en Chilpancingo, con la filial de una empresa española en México, para la instalación de parquímetros como un acto lesivo y fraudulento, plagado de irregularidades en su concesión, y bajo la ilegalidad porque en materia de seguridad pública y tránsito no es válida ningún tipo de concesión.
“De este tema, hasta el actual presidente de Chilpancingo ha manifestado públicamente su desacuerdo por el carácter ventajoso a favor de la empresa, lo cual ha redituado en un quebranto financiero en contra del Municipio”, dijo la diputada.
Sin embargo, reprochó que “estos temas no les son urgentes al bloque PRI, PAN, MC y Verde, porque no son realizados por el gobierno de Acapulco”.
Afirmó que el PRD exige congruencia y la inmediata aprobación de los Puntos de Acuerdo Parlamentarios para que comparezcan el Secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Miguel Ángel Alonso Orihuela Hernández, para que informen de manera pormenorizada los hechos que motivaron la riña el día 6 de julio del año en curso, en el penal de Las Cruces, así como de la situación administrativa, jurídica y técnica que guardan los demás centros penitenciarios en la entidad.
También insistió en la comparecencia del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para que informe cuál es la situación administrativa, financiera y jurídica de la suscripción del contrato de arrendamiento del gobierno municipal con la empresa “Estrategia de Movilidad Urbana S.A. de C.V”.
Además, la situación técnica, operativa, y financiera del programa denominado “Servicio de ordenamiento y regulación de estacionamiento en la vía pública”, para la colocación de mil cajones de estacionamiento con equipos de parquímetros, que ha generado el rechazo de la ciudadanía.