Bernardo Torres
Organizaciones sociales con influencia en comunidades de la Sierra del Estado de Guerrero, alertaron que hay un riesgo inminente de que los migrantes deportados de Estados Unidos, sean reclutados para engrosar las filas de la delincuencia organizada, ante la falta de empleo y oportunidades en el país.
En Guerrero y principalmente en la Región de la Sierra, explicó el profesor Nicolás Chávez Adame, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, convergen la violencia y la pobreza, a lo que tendrán que enfrentarse nuestros paisanos al regresar a sus lugares de origen.
“Si los deportados no son contratados, si no hayan fuentes de empleo, el único camino que les queda en Guerrero, así como está la situación, es engrosar las filas de la delincuencia organizada, porque son las únicas puertas que están abiertas, principalmente para los jóvenes”, señaló el dirigente.
De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales (SEMAI) y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la Unión Americana, radican 12 millones de mexicanos, de los cuales un millón y medio son guerrerenses, y de estos, 750 mil son indocumentados.
Organizaciones de migrantes, sociales y campesinas, entre ellos la APPG, criticaron que el Gobierno de Guerrero, no cuenta con una estrategia integral para atender a los guerrerenses que ya están siendo deportados, siendo que muchos tienen que empezar de cero, junto a sus familias.
La semana pasada, el representante en Guerrero de la Confederación de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, Carlos Arreola Alberto, dio a conocer que las deportaciones masivas ya empezaron a registrarse, y en lo que va del periodo de Donald Trump en la presidencia, 140 guerrerenses han sido expulsados del país vecino.
El dirigente de la APPG, no dudo en señalar que las deportaciones que está haciendo el gobierno norteamericano y sus cuerpos policiacos, constituyen un abuso de poder en contra de los migrantes mexicanos radicados en ese país.
La mayoría de los guerrerenses, principalmente de la Sierra y la Montaña, se fueron a los Estados Unidos, en busca de sacar de la pobreza a sus familias, y otros que huyeron de la violencia que generan las bandas de la delincuencia organizada, por lo que ambos gobiernos serán responsables de cualquier atentado a su integridad y la de sus familias.
“Se van por la falta de empleo, falta de trabajo, falta de oportunidades, los que no hacen eso son cooptados por la delincuencia organizada, para la siembra de estupefacientes”, señaló. (API)