Buscarán rescatar la ética burocrática perdida

 

Por Felipe Victoria Zepeda

 

Los burócratas debieran ser examinados respecto a la Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los municipios de Guerrero.

¿Saben de su existencia y vigencia o alguna vez han leído aunque sea algunas partes?

Seguro que los resultados dejarían perplejos a Florencio Salazar Adame y Roberto Álvarez Heredia, los funcionarios cercanísimos al gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores.

Aprovecho a preguntar ¿qué tipo de exámenes de aptitud y sicométricos hicieron a quienes ingresaron a la nómina gubernamental a partir de noviembre del 2015?

¿Cuál procedimiento de evaluación se aplicó a los que estaban antes en el gobierno y continúan en sus puestos?, ¿no es oneroso deshacerse de algunos tan solo porque pertenecieron a las dos administraciones anteriores y se les releve con gente que llega a aprender de qué se trata lo que se hace en equis o ye oficina?

Me pareciera como contratar a ciegas en un circo a cualquiera y treparlo al trapecio sin tener destreza, o poner chimuelos a mascar clavos, tullidos de alambristas y cojos a brincar la reata.

Sigue vigente aquello de “no importa el sueldo pero pónganme donde haya y de lo que sea”. Por ese uso y costumbre es que la burocracia mexicana resulta deficiente y proclive a los sobornos, formándose cadenas de complicidad en las que todos se reparten lo que deja cualquier trámite o autorización sin cumplir cabalmente los requisitos legales.

En contraparte, los mexicanos saben que con dinero se arregla todo y capaz que el día que en ninguna oficina pública aceptaran ni pidieran “mochada”, sería la debacle.

Quizá por eso no han sido enérgicos en la exigencia de honradez absoluta a los burócratas, muchos de los cuales hacen como que trabajan, alegando que hacen como que les pagan, y a final de cuentas, en las dependencias hay inútiles de sobra, pero sí faltan personas de veras capaces, que aunque las haya, si no tienen influencias o parientes, no son contratadas, o si acaso en posiciones de poca responsabilidad e importancia, sin oportunidad de ascender por méritos.

Lanzan un ambicioso y benéfico Plan Estatal por la Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción; suena estupendo, pero siempre y cuando no quede en buenas intenciones después de algunos eventos públicos.

En Guerrero urge que Astudillo frene el topillo aplicando medidas drásticas. Si la burocracia ignora que existe esa Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y los municipios de Guerrero, no es excusa para no aplicárselas.

Existen problemas como la inseguridad pública y el acoso de las mafias porque las corporaciones policiacas comenzaron a fallar y envilecerse, pues la Ley de Responsabilidades ha sido letra muerta para elementos malandrinos y sus jefazos.

Cuando en 1982 el presidente Miguel de Lamadrid Hurtado inició su sexenio con el slogan de la “Renovación moral de la sociedad”, como el buen juez empezó por “su casa” y echó a caminar el Sistema Integrado de Control en la Administración Pública.

En todas las dependencias instauraron Contralorías Internas sustentadas en la Ley Federal de Responsabilidades, auditando contable, normativa y operativamente el desempeño de los servidores y funcionarios, vigilando que su conducta laboral fuera ética, atendiendo hasta la menor queja o denuncia del público contra ellos, dando transparencia entonces.

Dura la medida, pero así se combatió la corrupción burocrática fincando procedimientos administrativos y aplicando responsabilidades legales.

Después le cambiaron de nombre a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y llegaron a desparecerla transformándola a Secretaría de la Función Pública; de parapeto para abrirle puertas a la corrupción facilitando las cosas tolerando a los de abajo “hacer su luchita” para que no repelaran, ni se fijaran en las transotas de los de arriba.

Qué bueno que Héctor Astudillo y su cercano equipo consideren la necesidad de enderezar el rumbo de la burocracia guerrerense; no más obras públicas cobradas por encima de su valor real, ni dar por cumplidas las que no se hicieron ni terminaron o resultaron de menor calidad; no más diezmos obligados a proveedores y constructores.

Claro que soñar no cuesta nada y del dicho al hecho, hay mucho trecho, pero es hora de comenzar a hacer las cosas como se  deben, con transparencia, legalidad y honestidad; la administración pública no debe seguir siendo fábrica de ricos, sino templo de trabajo donde se conformen con la honrosa medianía del servidor público que predicó Don Benito Juárez García, y trabajen con la sencillez y humildad de José María Morelos y Pavón.

-¡Tilín, tilin!- Suena la campanita escolar.

-Maestra Pizarrina, ¿dónde conseguiremos a buen precio armaduras y chalecos blindados de varias tallas?

-¿Y para qué los quieren chamacos?

-Para vendérselos en abonitos a Mario Ramos del Carmen, el duro Latabán y Efraín Ramos si echan a caminar el nuevo Plan por la Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción.

-¡Shhh… cábrense cayones!, no espanten a funcionarios valientes y honestos.

-Acuérdese teacher del Contralor Armenta en el gobierno de René Juárez Cisneros, que por no prestarse a componendas lo mataron

-Miren niños, necesitamos funcionarios con pantalones, decididos al cambio necesario y que pongan el ejemplo para rescatar la ética burocrática, nada de raterías y disimulo por costumbre, con Astudillo no más tolerancia al topillo.