Violación cotidiana a garantías individuales
Por Felipe Victoria Zepeda
Recuerdo con respeto don Juan Alarcón Hernández, quien por 23 años presidiera la Codehum debido a una confusión del término INAMOVIBLE con el de VITALICIO.
Anduve muy de cerca lo que el doctor Jorge Carpizo platicaba con su amigazo José Francisco Ruiz Massieu, cuando planearon que Guerrero sirviera de precursor en la “descentralización” virtual de la CNDH el mismo año de su creación a nivel nacional, en 1990.
Calculaban que en el Guerrero Bronco poco duraría en el cargo alguien facultado para hacer observaciones y recomendaciones a los gobernadores por los tradicionales abusos contra las garantías individuales
Ambos se acordaban de aquella puntada del Ingeniero Figueroa, cuando imponía sus caprichos con base en “el artículo cero constitucional”, no escrito, que significaba “por mis huevos”.
Entonces nombrar a alguien a cargo de la Codehum que inventaron, sin contar con la protección administrativa suficiente para no ser removido por caprichos superiores, se impuso y pactaron que fuera “INAMOVIBLE”, pero se les olvidó marcar un término determinado en el ejercicio de la función, al cabo que las expectativas hacían pensar que el titular correría demasiados peligros ante la idiosincrasia guerrerense de gatillo fácil y emboscadas.
Caramba que Dios protegió en su honesto desempeño a Juan Alarcón Hernández y al que asesinaron cuatro años después, fue a José Francisco Ruiz Massieu, y el “inamovible” presidente de la Codehum se fue quedando en el cargo hasta que murió de cáncer, convirtiéndose entonces en VITALICIO de hecho, con las botas puestas y trabajando ya muy enfermo, sin que le reconocieran su derecho a jubilarse o a recibir un finiquito laboral.
Vaya que pelearon la plaza vacante por deceso, pero a final de cuentas lo relevó el abogado Ramón Navarrete Magdaleno, forjado en la Codehum, quien entregó al Congreso su informe de trabajo del 2015, en que dirigió 120 recomendaciones al gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez y otras 108 a diferentes dependencias gubernamentales.
De lo fuerte dicho por el funcionario está que para Ramón Navarrete, el desempeño del gobernador interino le quedó a deber a Guerrero por su reprobable indolencia y omisión en el tema de los derechos humanos; nunca quisieron enfocar que las tropelías vandálicas de cetegistas las cometieron en su calidad de servidores públicos, a los que Rogelio Ortega juró no aplicarles las leyes ni echarles a la policía encima.
La Codehum tuvo que emitir 108 recomendaciones a diversas autoridades del estado y de los municipios y se vio en la necesidad de emitir una especial para el entonces gobernador Rogelio Ortega Martínez “por un hecho lamentable”, pues omitió la respuesta por escrito a una denuncia que presentó el señor González Campos por la desaparición de su hijo solicitando la reparación del daño, apoyo para él después de pagar por un rescate, y esas circunstancias llevaron a la comisión a dirigir la recomendación al exgobernador, que simple y sencillamente ni peló a la Codehum y la gobernabilidad lo tenía sin cuidado.
Navarrete Magdaleno dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) fue la dependencia que concentró el mayor número de quejas, con 265; en la Secretaría de Educación se registraron 192 quejas, contra el Poder Judicial 38; contra servidores de la Secretaría de Seguridad Pública, 66; para la Secretaría de Salud, 70; contra el Ejército 15; para la Policía Federal 77; Gendarmería 15, y contra el ISSSTE 12.
Contra servidores públicos municipales la comisión recibió un total de 288 quejas. Innumerables entonces las recomendaciones emitidas pero con muy pocos resultados positivos. A Ramón Navarrete Magdaleno le preocupa la situación en la que están las cárceles en el estado, porque se han llenado de reos por delitos de orden federal aumentando la población de alta peligrosidad.
El equipo humano de la Codehum y su presidente hacen el mejor esfuerzo, pero en el Guerrero Bronco donde no hay cultura de legalidad y el respeto a los derechos humanos, sigue siendo una utopía el orden y la paz, que ni se conocen desde siempre, pero fue un eficaz lema electoral tricolor.
Ramón Navarrete no podrá eternizarse en el cargo y se le vienen tiempos por demás difíciles, pues el nuevo gobierno intentará pacificar la entidad y meter en orden a tantos alborotados que transgreden las leyes a placer, acostumbrados a la indebida inmunidad que les ha garantizado impunidad en la década reciente.
La Codehum no debe maniatar a las autoridades ni inhibir la energía legal contra malhechores en turba; muy pronto tendrán que desarmar a tantos grupos de disque autodefensa que tontamente consintieron y legalizaron encuadrándolos bajo la sombra de la Ley 701, que de orden federal tendrá que ser reformada, pues la disposición constitucional nacional prohíbe que la gente tome la justicia en sus manos.
Eso sí se lo entiende como abogado Héctor Astudillo a Miguel Ángel Osorio Chong, y Ramón Navarrete Magdaleno tendrá que atemperar sus intervenciones, o en algunas regiones específicas podría darse la suspensión temporal de garantías para abatir cárteles.
Ahí la va llevando la Codehum, pero debe cuidarse de no solapar malandrines disfrazados de luchadores sociales contraviniendo decisiones judiciales.