El secretario de Gobierno aceptó que “no hay fuerza estatal suficiente para cubrir los requerimientos de la entidad” en materia de seguridad, pero rechazó que el gobierno esté rebasado por la violencia

 

 

Jesús Saavedra/Fernando Hernández

 

El secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, afirmó que la presencia de elementos de la Policía Federal en Acapulco será para garantizar que la evaluación docente se realice sin contratiempo y advirtió que los maestros disidentes “no tienen derecho a impedir” este examen al magisterio estatal como parte de la Reforma Educativa,

El funcionario estatal hizo estas declaraciones ayer al salir de una reunión en el Congreso del Estado, al explicar que “hay elementos de seguridad para garantizar que la evaluación se realice en forma pacífica y ordenada”.

Se refirió a las probables protestas de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) en contra de esa evaluación, y advirtió que “quienes estén en contra de la evaluación tienen su derecho de expresar su desacuerdo, en lo que no tienen derecho es en impedir a los que sí están de acuerdo”.

Salazar Adame se refirió también a los múltiples hechos de violencia y aceptó que en Guerrero “no hay fuerza estatal suficiente para cubrir los requerimientos de la entidad. La solicitud (de más policías) ya la hizo el gobernador a las fuerzas armadas, no sabemos la causa del retraso”.

Añadió que “tenemos información que en algunas regiones del estado de pronto aparecen grupos armados, acude la policía de la entidad con los recursos a su alcance, en donde es posible establecemos mecanismos de seguridad, pero por supuesto ustedes conocen mejor que nadie el sistema que opera en la entidad es insuficiente, me refiero a las fuerzas policíacas no tenemos una capacidad de respuesta adecuada”.

Afirmó que “el gobierno de Astudillo está haciendo lo posible para que haya un mayor número de efectivos certificados y que se avance en el mando único, y que en un plazo no muy largo podamos tener una capacidad de respuesta más efectiva para garantizar la seguridad de la sociedad guerrerense”.

Finalmente se le preguntó si la violencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades estatales y garantizar la seguridad de los ciudadanos, a lo que respondió: “no estamos rebasados porque las instituciones siguen operando, pero sí hay insuficiencia (de policías)”, finalizó.

Antes, al ser entrevistado al salir de Radio Universidad, donde fue entrevistado por Víctor Wences Martínez, el secretario de Gobierno explicó los motivos por los cuales no había retenes policiacos en Tixtla cuando fueron asesinados 4 policías comunitarios en el Barrio de El Fortín, la semana pasada, lo que fue motivo para que el comunicador Sergio Ocampo Arista considerara eso una estrategia del gobierno del estado y los criticara severamente.

Dijo que “la seguridad en Tixtla” a cargo de la Policía Estatal, “se da de manera periódica, más o menos”, por lo que reconoció que tenía 10 días que se había retirado la vigilancia “cuando ocurrieron los hechos”.

Añadió que “Tixtla reviste una serie de características que exige mucho cuidado; primero se consideraba importante que hubiera una presencia policiaca, y que hubieran mayores garantías para el proceso electoral”, pero “luego hubo declaraciones en el sentido de que lo mejor era que no estuviera ese dispositivo policiaco. Luego se pidió de nueva cuenta la presencia de la policía”, pero insistió en que el retiro de los elementos policiacos del estado “no obedece a un acto deliberado” del gobierno, como lo afirmó la semana pasada Ocampo Arista en ese mismo espacio radiofónico.

Salazar Adame dijo que Tixtla tiene su propia policía municipal y que la presencia de la policía estatal es “sólo un reforzamiento, el gobierno –estatal— no tiene una fuerza suficiente para cubrir los requerimientos y tiene que estar en constante movilidad”, por todo el estado, expresó.

Explicó –a diferencia de su postura la semana pasada cuando dijo que había ocurrido un enfrentamiento entre grupos armados— que “fue un grupo que atacó a un grupo de policías comunitarios”, e informó que los familiares de las víctimas no permitieron el levantamiento de los cadáveres de los cuatro comunitarios fallecidos por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.