* Los concesionarios, aunque no participan directamente, son responsables legales del comportamiento de sus trabajadores

Alejandro Gómez

Al reiterar la advertencia que dentro del servicio público se mantiene activa la política de “cero aliento y cero consumo de alcohol” para quienes se dedican a esa actividad diariamente, el delegado de transportes en Taxco, Mario Martínez Naranjo, anunció que cuatro personas involucradas en dos riñas en el centro histórico de la ciudad ya han sido sancionadas económicamente y sus unidades vehiculares trasladadas al corralón municipal, donde los propietarios deberán pagar para liberarlas.

Luego de que cuatro trabajadores del volante se liaron a golpes en pleno zócalo de la ciudad y en la base ubicada en el parque “Vicente Guerrero”, el funcionario estatal dejó en claro que quienes integran ese gremio tienen estrictamente prohibido alterar el orden público y consumir alcohol durante sus jornadas laborales y bajo esa premisa se actuó para sancionar esas conductas, “en cualquier contexto es denigrante tratar siquiera de explicar ese tipo de situaciones penosas”.

Sin tapujos, Martínez Naranjo consideró que los choferes incurrieron en actos de violencia al momento de estar conduciendo sus unidades del servicio público, pero en el caso de la riña del zócalo uno de los taxistas presentaba olor a alcohol y ello constituye una situación a un más delicada de acuerdo con la normatividad, por lo que ambas personas fueron detenidas y trasladadas para realizarles la certificación médica correspondiente y determinar el grado de ebriedad.

A raíz de ello, agregó el delegado de transportes en Taxco, las cuatro unidades fueron puestas a disposición del corralón de la localidad mientras que a los conductores se les aplicó la sanción monetaria respectiva, en espera de la determinación del departamento jurídico de la dirección general de transportes en el estado, en el caso donde un chofer tenía aliento a alcohol al momento de su detención con el apoyo de elementos de tránsito del ayuntamiento.

“Todo esto lleva un seguimiento de acuerdo con la normatividad vigente que califica desde el aliento, hasta el mínimo estado de ebriedad y completo estado de ebriedad y dependiendo del grado de alcohol detectado en la certificación clínica es la acción en contra de los infractores”, detalló el servidor público, al explicar que las multas se encuentran establecidas en el tabulador oficial y éstas se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA) de hasta 11 mil pesos según la gravedad.

Mario Martínez Naranjo dijo que si bien los concesionarios de las unidades vehiculares detenidas y trasladadas al corralón son quienes menos tienen que ver en esas situaciones, pero son responsables legales por el comportamiento de sus trabajadores en sus jornadas laborales y se les informa de las sanciones al ser propietarios de esos documentos, “ya saben que en el transporte existe cero tolerancia al aliento y consumo de alcohol; basta una cerveza para sancionarlos”, acotó.