- Varias participantes expresaron estrujantes testimonios en los que revelan el grave problema que representa esa práctica basada en usos y costumbres de los pueblos indígenas
Josefina Aguilar
“Mi nombre es Lucía, tengo 14 años, un día llegué a mi casa y presencié un ‘contrato de honor’. Así lo llaman en mi pueblo, solo vi que mi papá recibió un paquete de billetes, una res, cajas de refrescos y cervezas de parte de unos señores que negociaron el día de mi boda”. Ese fue uno de los testimonios dados a conocer en el Primer Tribunal Regional contra el Matrimonio Forzado de Niñas y Adolescentes “Las Niñas Cuentan”, realizado por la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.
El objetivo de dicho tribunal realizado en Tlapa por representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, fue el de visibilizar las diversas formas en que se comete el matrimonio forzado, evidenciar las violencias machistas y denunciar las limitaciones del sistema administrativo y jurisdiccional, además de buscar contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres a través de una incidencia política.
En dicho tribual se presentaron quince testimonios, de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de matrimonio forzado, entre ellos el de Lucía, de 14 años, cuyo matrimonio fue pactado por su padre, por por lo que tuvo que dejar sus estudios para ser esposa y trabajar para desquitar lo que pagaron por ella.
“Soy Refugio, cursaba el segundo grado de secundaria cuando mi mamá se dio cuenta que mi estómago crecía mucho, me llevó al doctor y allá nos dijeron que estoy embarazada, mi mamá me obligó a decirle de quién es mi embarazo, le dije que es de mi papá, me golpeó muchas veces para que yo negara que él me había abusado por mucho tiempo, ella culpó a mi primo para que se declarara culpable, lo colgaron y golpearon varias veces para que confesara, sin embargo él lo negó porque no tenía culpa de lo sucedido, después, tuve al bebé y nació con malformación, mi mamá y mi familia supieron que dije la verdad, mi papá huyó de la casa y mi mamá regaló al bebé”, fue otro testimonio.
“Soy Antonia, tengo 14 años, soy la mayor de cuatro hermanas pequeñas, acostumbraba ir al río a lavar, como todas las mujeres y niñas en mi comunidad. Un día salí de casa con la esperanza de volver pronto y continuar mis labores, porque también cuido a mis hermanas pequeñas y apoyo a mi mamá en la casa, sin embargo un día, me encontraba en el río lavando, cuando un hombre montado en su caballo me secuestró y abusó de mí en múltiples ocasiones, fui obligada a quedarme con ese señor por la creencia de que mi valor como mujer es a través de la virginidad, creencia que me obligó a estar con mi violador, esa creencia que pesa y duele en nuestros cuerpos a las niñas y a las mujeres”, fue otro de los testimonios presentados.
Luego de escuchar varias estrujantes narraciones, las juezas Adela Muñiz Guadarrama, directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de la Igualada entre Mujeres y Hombres de la CNDH; Eduviges Villegas Pastrana, activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero; Soledad Ureiro Bruno, activista, feminista y acompañante de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual; Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del grupo local de referencia civil de Spotlight, y Dennis Cansino Castro, activista de Tlapa de Comonfort, emitieron un dictamen en el que además de condenar la práctica de los matrimonios forzados de niñas y adolescentes, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno, verdaderas acciones y políticas públicas, para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta práctica de enlaces matrimoniales de menores a cambio de fuertes cantidades de dinero, y pago en especie.
Posteriormente, a nombre de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres se dio a conocer un pronunciamiento en el que se señala que en el contexto regional, el matrimonio forzado se da en el marco de las tradiciones y costumbres indígenas, mientras que en otras regiones, que no precisamente tienen ese sistema de autogobierno, se les compra o se les “roba”.
Refieren que los matrimonios forzados son una forma de violencia contra las mujeres en las que subyacen relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres que, al amparo de los mandatos culturales, controlan, subordinan y dominan a las mujeres y sus cuerpos, permitiendo ponerles precio a las niñas; es decir sus tutores abuelas, abuelos, madres y padres venden a sus hijas, siendo un matrimonio forzado, sin que exista su consentimiento para ello.
Tras el matrimonio, las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su compra, haciendo labores del hogar, de jornalera y campesina. Una dote en efectivo que va de los cincuenta mil hasta doscientos mil pesos, más otro pago en especie como refrescos, cervezas, cigarros, panes y otros alimentos es la forma de cobrar por ellas.
Los matrimonios infantiles y forzados convierten a niñas y adolescentes en madres a muy temprana edad, derivando problemas graves asociados con el embarazo que se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres obligadas con infancia infeliz y estudios truncados.
Ésta práctica, acusaron, ocurre frente a los agentes del estado, la iglesia, las autoridades comunitarias: delegados, comisarios y policías; mismos que permiten siga como si las niñas fueran animales u objetos, permaneciendo apáticas y amparándose en los usos y costumbres de los pueblos, por lo que el Estado Mexicano, está obligado a generar políticas públicas que incluyan aspectos preventivos y de información hacia las comunidades, demandaron.
Ante este contexto, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, demandaron; el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos, desde educación básica; integración en el plan nacional estatal de desarrollo proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de derechos humanos y de género con enfoque intercultural.
Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región montaña del Estado; armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas.
Sinergia institucional mediante un plan de intervención de las dependencias, entre ellas; Secretaria de la Mujer, Secretaria de Asuntos Indígenas, DIF, Sipina, entre otras, que procuren y salvaguarden los derechos de las niñas y adolescentes
Promover espacios seguros y hogares libres de violencia a través de un plan emergente integral de protección de para las niñas y adolescentes de la región Montaña; formar parte como organizaciones de la sociedad civil, colectivas e independientes de la evaluación y monitoreo de la estrategia presentada el día 10 de noviembre en éste municipio por gobernadora.
“Exigimos que se cumplan nuestras sentidas demandas en torno a nuestros derechos mismos que han sido negados y postergados históricamente desde las políticas oficiales” recalcaron las activistas.
Las activistas presentarán un informe de esta problemática, durante la sesión del comité de la CEDAW, que se llevará a cabo el próximo año, en su capítulo México.