El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero, Evencio Romero Sotelo, calificó como una injusticia la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su presunta relación con el caso Ayotzinapa, al considerar que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad.
En su calidad de abogado, Romero Sotelo sostuvo que, conforme a los principios del derecho penal, ninguna persona debe ser encarcelada sin que previamente se acredite la comisión de un delito y su probable responsabilidad.
Afirmó que la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal se basa principalmente en declaraciones de testigos protegidos que, presuntamente, habrían obtenido beneficios procesales a cambio de señalar a Aguirre Rivero.
“Como dice el dicho: ‘que lloren en mi casa a que lloren en la ajena’. Es el caso de Lambertina Galeana y Blanca Estrada. Ellas estaban detenidas y, evidentemente, el Ministerio Público les ofreció enfrentar su proceso en sus domicilios a cambio de acusar a Ángel Aguirre”, declaró.
El dirigente campesino señaló que la acusación contra el exgobernador está relacionada con la supuesta destrucción de los videos captados por las cámaras de seguridad del Poder Judicial en Iguala durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
“Sobre ese famoso video todo mundo sabe lo que ocurrió. Está demostrado que el gobierno de Ángel Aguirre no tuvo nada que ver. Ahí existe una presunta responsabilidad del gobierno federal de aquella época y del Ejército Mexicano”, sostuvo.
Romero Sotelo consideró que la vinculación a proceso de Aguirre Rivero vulnera garantías constitucionales fundamentales y acusó que el procedimiento tiene más tintes de persecución política que de justicia.
Asimismo, reprochó que el gobierno federal, que desde hace más de nueve años prometió esclarecer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, no haya logrado resultados concluyentes y, por el contrario, esté retomando líneas de investigación que anteriormente fueron cuestionadas.
“Hay muchas inconsistencias en este proceso, pero también existen elementos jurídicos suficientes para que Ángel Aguirre recupere su libertad. El problema radica en la verdadera independencia del Poder Judicial. Si el Estado de derecho sigue siendo ignorado, este asunto podría terminar en instancias internacionales”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación y al Gobierno de México para que el próximo 4 de diciembre se dicte un fallo favorable al exgobernador y se ordene su liberación.